Empresarios de Nicaragua piden permiso a Policía para protestar ante Gobierno

El sector privado de Nicaragua anunció este lunes que ha solicitado ante la Policía Nacional un permiso para protestar contra el Gobierno de Nicaragua, en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en manifestaciones de rechazo al presidente Daniel Ortega.

Miles de nicaragüenses protestaron el domingo, en San José (Costa Rica) contra el Gobierno de Daniel Ortega. Foto Prensa Libre: EFE
Miles de nicaragüenses protestaron el domingo, en San José (Costa Rica) contra el Gobierno de Daniel Ortega. Foto Prensa Libre: EFE

“Procedimos a solicitar ante la Dirección General de la Policía Nacional el permiso y la autorización para concentrarnos, manifestarnos y movilizarnos de forma cívica y pacífica, el día 24 de enero del año 2019”, informaron los empresarios.

La solicitud fue hecha por las dos principales cúpulas empresariales del país centroamericano, como son el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), así como por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que aglutina a prestigiosos economistas, y por entidades gremiales del sector.
En septiembre pasado la Policía Nacional declaró “ilegales” las manifestaciones contra Ortega, pese a las críticas de especialistas en derecho, que sostienen que la medida policial no tiene base legal.

Los empresarios afirmaron que su petición se basó en “el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece en forma expresa el derecho de los nicaragüenses a la ‘concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley'”.

Piden protección

El sector privado también solicitó a las autoridades que “brinde la protección policial debida, a fin de garantizar la seguridad e integridad física de todos los ciudadanos que participemos en la actividad”.

 

Desde abril pasado Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes “de lesa humanidad”, y la Organización de Estados Americanos (OEA) estudia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al país centroamericano, por ruptura del orden constitucional.

Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado fallido”.

Crecen muestras de rechazo

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) condenaron este lunes la “represión” en Nicaragua y mostraron disposición a tomar medidas para favorecer una solución “pacífica y negociada” a la crisis del país.

“La UE seguirá supervisando atentamente la situación y subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho”, precisaron los ministros.

Así se recoge en las conclusiones sobre Nicaragua aprobadas en su Consejo de hoy, en las que la UE lamentó la “brutal represión” de las manifestaciones iniciadas en abril de 2018 por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados afines al Gobierno.

Esa represión, añade el texto, provocó enfrentamientos, varios cientos de víctimas mortales y heridos, y la detención de centenares de ciudadanos, con “irregularidades generalizadas y arrestos y procedimientos judiciales arbitrarios”.

Jaime Chamorro Cardenal, presidente del Grupo Editorial La Prensa, sostiene la edición del 18 de enero con una portada en blanco, como señal de protesta contra el Gobierno de Nicaragua. FOTO Prensa Libre: EFE

 

Los ministros denunciaron que las recientes medidas contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes suponen “un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social”.

“La única manera” de abordar la crisis actual y responder a las “apremiantes” necesidades y aspiraciones del pueblo nicaragüense es “iniciar un diálogo y una negociación verdaderos, que incluya la adopción de reformas electorales con el fin de garantizar unas elecciones dignas de crédito que se ajusten a las normas democráticas internacionales”, añadieron.

Pidieron a las autoridades poner fin a la represión de manifestaciones públicas, periodistas y medios de comunicación independientes y organizaciones, así como garantizar su seguridad física y estatuto jurídico.

También exigieron liberar a todas las personas “ilegalmente encarceladas” y asegurar el respeto a las garantías procesales.

“Hoy tratamos Nicaragua gracias a la insistencia de España”, dijo el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, quien instó a la UE a “tomar en serio” que haya cientos de muertos y de heridos en el país centroamericano.

Borrell señaló que entre las medidas que contempla la UE están las “sanciones”, pero también acciones de “apoyo para que se puedan celebrar elecciones en Nicaragua”.

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