Eso significa que hay un inspector de trabajo para cada 11 mil 200 trabajadores ocupados en el sector formal; es decir, para verificar el cumplimiento de las prestaciones de ley, salario mínimo, seguridad social, industrial y ocupacional, entre otros.
Sin embargo, la mayoría de los trabajadores ocupados en Guatemala está en la economía informal, y no cuenta con cobertura de protección social o salario mínimo. Según la ENEI, este segmento representó el 71.1 por ciento en 2022, que equivale a 4.8 millones de personas.
El estudio determinó que la población ocupada es de 6.9 millones de personas, entre el mercado informal y el formal.
La funcionaria explicó que cuando tomó posesión del puesto había 172 inspectores de los cuales, 52 realizaban funciones administrativas y no salían al campo; pero ahora con el personal asignado, se llevan a cabo funciones más eficientes, en el sentido de hacer tres verificaciones por día, ya que anteriormente era solo una.
Programa de modernización
Por otro lado, está en curso un proceso de selección de la convocatoria que se realizó en enero de este año para la contratación de nuevos inspectores y llenar de nuevo las plazas, ya que mucho del personal decidió hacer retiro voluntario. El año pasado fueron contratados 17 inspectores y para 2023 se prevé otros 49.
En los planes de modernización de la Inspección General de Trabajo (IGT) está la adquisición de una flota de vehículos, 149 computadoras, que permitirán tener un flujograma de trabajo de los procesos de verificación y una rendición de cuentas mucho más inmediata.
Pero también habrá un efecto externo con el usuario, para que pueda revisar los expedientes y conocer su estatus, revisar su caso, el personal lo tiene asignado, etc.
Nueva disposición
Es viernes 3 de marzo se publicó el acuerdo gubernativo 33-2023 del Mintrab en el Diario de Centro América, en el cual se establece el “reglamento para la emisión de solvencias de faltas de trabajo y previsión social” e indica el procedimiento de solicitud y emisión.
El mecanismo será de forma electrónica, por la IGT a través del Registro de Faltas y Previsión Social, el que mantendrá la información de las personas individuales y jurídicas que hayan sido sancionadas por un periodo de un año a partir de la notificación, que cause estado en sede administrativa o firmeza en sede judicial, por incumplimiento de legislación laboral y previsión social.
La solicitud de la solvencia tendrá un costo de Q100, según la publicación, y los ingresos constituirán fondos privativos para las operaciones de la IGT.
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