La selección de las partidas de compra incluidas en el proyecto piloto, fueron hechas con base a un estudio que determinó la participación de las Pymes en el sistema de adquisición del Estado Guatecompras en el 2016.
En ese ejercicio, el Estado realizó compras de bienes y servicios por Q17 mil 568 millones.
De ese monto, Q8 mil 882 millones —50.5%— corresponden a las realizadas por el Gobierno Central y Q8 mil 686 millones —49.5%— a entidades descentralizadas.
Deberá de recibir preparación y capacitación en las sedes de Cenpromype —centros de promoción a los pequeños y medianos empresarios— y El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad.
Recibirá capacitación del uso de Guatecompras.
Deberá inscribirse en la SAT, IGSS y bancarizarse.
Tendrá las facilidades en el otorgamiento de préstamos en el CHN.
En el rubro de alimentos, las adquisiciones fueron de Q933 millones, mantenimiento y reparación de medios de transporte del Estado —flotilla estatal— Q101 millones, y para útiles de limpieza y productos sanitarios, Q53.7 millones.
El proyecto es una estrategia para dinamizar y canalizar recursos hacia los diferentes sectores y responde a una política regional, afirmó Ezrra Israel Orozco, viceministro de Desarrollo de la Mipyme.
Los datos, según Orozco, demuestran el potencial que el sector de las pequeñas empresas pueden representar.
El funcionario dijo que en El Salvador existe una legislación que obliga comprar a las Pymes y en República Dominicana, el 5% de la adquisiciones se destina para la mujer proveedora en compra pública.
La meta es potencializar a 60 mil empresarios en un plazo de dos años.
“Son empresas que no tienen capacidad humana, ni financiera para soportar los procesos de compra del Estado que son largos, pero trabajamos en eso”, afirmó Lionel López Valdés, viceministro de Finanzas.
En la mayoría de los casos analizados, las empresas no cuentan con flujos de caja y cuando crecen no tienen los medios para poder hacerlo y de cumplir con los volúmenes.
Transparencia
Aunque la iniciativa es calificada como positiva por Rodolfo Castillo Aldana, director ejecutivo de la Asociación Gremial del Empresariado Rural —que aglutina a varias empresas del campo—, señala que el proyecto debe ser transparente y evitar cualquier moco —soborno— o que se beneficien allegados a los funcionarios actuales.
Para que el proyecto tenga éxito, no debe existir corrupción en los procesos de adjudicación.
“El programa va a beneficiar más a la mediana empresa y en algo a la pequeña. La micro no va a entrar, pero si puede servir, si funciona la estructura, a que esta mejore”, señaló.
El ejecutivo declaró que muchas de estas iniciativas fomentan emprendimientos por las expectativas que generan, pero a los dos o tres años “crean una mortalidad empresarial”, si no se les da el seguimiento y se incumple con la arquitectura institucional.
López Valdés e Isarel Orozco, aseguraron que el modelo cuenta con sistemas para evitar anomalías, así como la precalificación de las empresas concursantes.
Además cuando se hagan las adjudicaciones, se emitirán resoluciones electrónicas para efectuar los pagos por medio del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) a un plazo de 60 días.
“La transparencia se garantiza porque en los procesos de adjudicación están creados para evitar cualquier anomalía”, explicó López Valdés.
