Presenciar el esfuerzo de atención por parte de funcionarios que habían pasado la noche del viernes viajando en una camioneta desde una frontera para poder asistir a clases el sábado a primera hora era más que ejemplar. No lo olvidemos, la inmensa mayoría de los empleados y funcionarios de la SAT son como usted, lector, personas que se esfuerzan en ganarse honestamente la vida y que tienen todo el derecho a la buena honra y respeto.
Segundo. Lo anterior no se opone a la implementación de mecanismos internos de seguridad que posibiliten diferenciar a los funcionarios buenos de los que cometen actos de corrupción. Hace un par de años, mientras desarrollaba un proyecto para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en la frontera de Ipiales, la dirección planteó realizar controles de polígrafo a funcionarios de la institución que laboraban en zonas críticas de frontera.
Las palabras del director de la DIAN se pueden aplicar a nuestra realidad actual: “Es un problema muy complejo que cuando se trata de combatir genera mucha reacción. La corrupción al interior de todas las entidades oficiales se mantiene y crece, como un cáncer. Son fuerzas oscuras que han penetrado todo…”
En agosto del año pasado, también en Colombia, se realizaron evaluaciones con lectores de retina y polígrafos, de manera voluntaria, a más de 50 funcionarios de alto nivel donde existe riesgo elevado de corrupción.
Funcionarios con responsabilidades de compras, contrataciones o decisiones para las finanzas de instituciones como la DIAN, Agencia Nacional de Hidrocarburos, agencias relacionadas a infraestructura, vivienda o agua pasaron por alguno o ambos controles. Como lo anunció el vicepresidente German Vargas, “de ahora en adelante, todos los funcionarios que participan en la elaboración de los pliegos de licitaciones o en la adjudicación de dichos contratos se someterán, antes y después, a una prueba de polígrafo”.
Dejando fuera la discusión legítima sobre la presunción de inocencia, las limitaciones propias de la herramienta, o límites legales para el uso del polígrafo, no se debe perder la idea principal, la reforma profunda a la SAT, tema que como se hizo público esta semana, está amarrado al financiamiento del BID y del Banco Mundial al gobierno para apoyo presupuestario.
Financiamiento en mejores condiciones que seguir emitiendo bonos del Estado. Es lógico que ninguno de estos bancos va a forzar o decidir el tipo de reforma institucional, esa decisión corresponde exclusivamente a Guatemala, pero es una variable que deberán tomar en cuenta para el monto final del financiamiento.
Las crisis son buenas oportunidades para luchar con la raíz de los problemas y tomar decisiones que normalmente no se tomarían por la oposición o sensibilidad de grupos de interés o simplemente, porque es algo “políticamente incorrecto”.
No es necesario esperar los grandes cambios institucionales, se pueden y deben tomar acciones tendientes a mejorar la percepción pública que la SAT está trabajando desde dentro en la lucha contra la corrupción, concretamente: eliminación de normas poco claras o tendientes a la interpretación, simplificación y automatización de procedimientos, procesos de auditorías internas, evaluaciones basadas en criterios objetivos, aplicación de sanciones al probarse casos de corrupción.
La tarea es impostergable e indelegable.
