“Ellos no veían posible una solución de este tipo, no lo demostraron de manera directa (…) Hubo un acercamiento donde el Estado les planteó la necesidad, no hubo una respuesta concreta que diera lugar a que ellos pudieran asumir los sistemas eléctricos rurales y se toma la decisión”, señaló Jiménez.
La medida fue anunciada por sorpresa el sábado por el presidente Evo Morales, que presentó un decreto que expropia las acciones de Iberdrola en las principales distribuidoras eléctricas de La Paz, Electropaz, y de Oruro, Elfeo, en la empresa de servicios Edeser y en una gestora de inversiones.
Con la nueva expropiación se pretende equilibrar las tarifas eléctricas entre las áreas urbana y rural de ambas regiones, pues mientras en las ciudades el coste promedio es de US$0.09 por kilovatio/hora, en el campo sube hasta los US$0.23.
Jiménez sostuvo que las filiales de Iberdrola “nunca tuvieron la decisión ni la voluntad de poder entrar en el área rural para poder prestar su servicio”, lo que ocasionó que surjan pequeñas cooperativas que distribuyen electricidad “con mala calidad y con tarifas altas”.
“Una empresa privada tiene como objetivo maximizar sus ingresos, sus utilidades. La distribución en el área rural no es un negocio para ellos”, agregó.
Reconoció que la actual ley de Electricidad no obliga a las empresas a invertir en las zonas rurales, pero indicó que la nacionalización se ampara en la Constitución promulgada en 2009, que establece que los servicios básicos son un “derecho universal”.
“Cualquier empresa, ya sea nacional o extranjera, sabe que la ley madre es esta Constitución y si ellos quieren participar, están bienvenidos pero bajo estas condiciones”, aseveró.
El Gobierno boliviano ha anunciado que usará un 15% de las ganancias de Electropaz, que el año pasado superaron los US$11 millones, para nivelar las tarifas, aplicando una suerte de subvención a los costes en el área rural, sin subir ni bajar el precio del servicio en las ciudades.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, afirmó el domingo que espera tener una reunión “cordial” esta semana con los ejecutivos de Iberdrola para empezar a dialogar sobre la compensación económica que se le dará por la expropiación.
La medida ha sido respaldada por sectores leales al Gobierno y criticada por empresarios y opositores que creen que es una mala señal para los inversionistas extranjeros y que sólo busca desviar la atención del escándalo de corrupción que afrontan las autoridades tras destaparse una red de funcionarios que extorsionaban a reos.
