Guatemaltecos han pagado hasta Q440 millones por extorsiones este año, según informe internacional

El pago anual de las extorsiones en Guatemala representa entre US$40 millones y US$57 millones y afecta hasta a 78 mil personas, de acuerdo con datos de una organización con sede en EE. UU.

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Extorsiones en Guatemala
Cada año en Guatemala se pagan unos Q440 millones por extorsiones, según el informe de Global Financial Integrity (GFI) con sede en Washington, D.C. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las ganancias que perciben los grupos delictivos que se dedican a la extorsión en Guatemala equivalen a unos US$40 millones como escenario bajo y a US$57 millones como escenario alto (que representa un rango de Q310 a Q440 millones), expone el informe “Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica: siguiendo el dinero” que presentó la entidad Global Financial Integrity (GFI) con sede en Washington, D.C.

El dato incluso puede ser hasta mayor, debido a la poca disponibilidad de información, aclara el documento, mientras que parte de ese dinero bien se puede destinar para el pago de salarios, inversiones, ampliaciones de empresas e incluso, la creación de nuevos negocios.

De lo micro a lo macro

Julia Yansura, autora del informe y gerente de GFI, informó a Prensa Libre que, entre los principales resultados de la investigación, resalta que la extorsión es un delito que está afectando a muchas personas en la región, y que tiene una alta repercusión en otras esferas.

Las secuelas de la extorsión en Guatemala son devastadores para las víctimas y sus familias, lo que se traduce en inseguridad, falta de confianza entre los vecinos y hacia las instituciones públicas, problemas con el transporte, y en algunos casos, causa desplazamientos y migración.

Por otro lado, también tiene impactos financieros, ya que, en el caso de las víctimas, se habla de una pérdida significativa de ingresos económicos, mientras que para los delincuentes, hay ganancias ilícitas con las que lucran para financiar más delitos.

Además, la extorsión deriva en delitos financieros como el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y la corrupción.

Aplicando diversos modelos, se calcula que el 38% de la población guatemalteca ya ha sido víctima de este tipo de exacciones económicas.

Capítulo Guatemala

El informe analizó el comportamiento del fenómeno en los países del Triángulo Norte, y las finanzas detrás de las extorsiones.

Específicamente para el caso de Guatemala, primero se revisaron las tendencias de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para transacciones financieras vinculadas a extorsión; y en segundo lugar, se entrevistó a personas expertas en estos temas, incluyendo investigadores, oficiales del Gobierno y miembros del sector privado, quienes aportaron los hallazgos.

El informe encontró que los ROS están siendo muy utilizados para registrar transacciones financieras vinculadas a extorsión. Esto es una buena señal y significa que el sistema antilavado de dinero (ALD) está funcionando.

Sin embargo, se pudo identificar dos debilidades: en primer lugar, muchas personas del sector financiero aseguraron que es difícil identificar las transacciones porque les hace falta más información sobre las señales de alerta (red flag indicators).

En segundo lugar, los oficiales de cumplimiento enfrentan amenazas y represalias a la hora de reportar, especialmente cuando sus nombres y datos se revelan durante los procesos judiciales.

El estudio subraya que estos dos aspectos debilitan la efectividad del sistema ALD y los reportes ROS en Guatemala.

Actores involucrados

Al explicar cuáles son los actores involucrados en la cadena, Yansura mencionó que, en Guatemala, el escenario es complejo y se involucran diferentes tipos de actores: están las pandillas, los grupos criminales que operan desde las cárceles y otras estructuras que, o bien tienen prácticas similares al crimen organizado, y/o tienen vínculos difusos con este.

A esos grupos se les llama “imitadores” aunque el término tal vez no es el adecuado porque se trata de grupos que imitan al crimen organizado, pero en algún momento termina siendo parte del mismo.

Tipología de lavado de dinero

El estudio se enfocó en las tipologías –estudio del patrón de comportamiento del delincuente–, de lavado utilizadas para la extorsión a nivel regional y se encontró que muchas de las ganancias de la extorsión terminan en instituciones financieras a nivel regional.

Hay dos canales principales: a través de las personas y por medio de las empresas. En el primero, las ganancias de la extorsión son depositadas en cuentas a nombre de terceros. En el segundo, las ganancias de la extorsión se mezclan con las de empresas fachada, y son depositadas en el sistema financiero como si fueran ganancias legítimas.

¿Hacia dónde va el dinero?

Sobre el principal uso del dinero y las ganancias de las extorsiones, el informe de GFI determinó que generalmente van para tres cosas:

  • Primero, se gastan en “costos operativos’’ del grupo criminal, es decir, ayudan a financiar más extorsión y criminalidad.
  • Segundo, se lavan, generalmente a través del uso de testaferros y empresas locales que manejan altos volúmenes de efectivo.
  • Y tercero, los fondos se usan para corrupción, es decir, sobornos para autoridades, “y lamentablemente, hay un ciclo vicioso de extorsión-corrupción que es fuerte en toda la región, incluyendo a Guatemala”.

El informe indica que la extorsión afecta a casi todo el país, pero las más afectadas son las áreas urbanas y las zonas con alto comercio y transporte, como los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla.

Además, remarcó Yansura, hay un reto muy grande con la disponibilidad de datos, ya que aproximadamente solo una de cada tres víctimas denuncia, y aún entre los casos denunciados, hay diferencias y discrepancias entre la información de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, “y todo esto dificulta el esfuerzo de comprender y combatir ese delito”.

Impacto en la economía

El delito de la extorsión tiene un alto impacto en las economías analizadas por GFI, y en cuanto a la actividad productiva de Guatemala, los US$57 millones perdidos en pagos de extorsión podrían haberse gastado en muchas otras cosas como, por ejemplo: salarios, mejoras a empresas existentes o incluso en la creación de nuevos emprendimientos.

También hay que reconocer que el costo económico y social de las extorsiones en Guatemala va mucho más allá de la cifra de US$57 millones en pagos extorsivos.

Yansura cita, por ejemplo, que, debido a esta situación en el transporte público, muchas personas prefieren ir a su trabajo en su propio vehículo, si lo tienen, lo que es comprensible, pero se traduce en ciudades congestionadas, problemas en la calidad del aire y muchas horas al día en el tráfico, que se podrían invertir en trabajo, estudio o tiempo con la familia.

Por lo que entonces, la extorsión tiene costos económicos y sociales que van mucho más allá del dinero pagado a los criminales, remarcó la experta.

Sobre la tendencia del delito, Yansura expresó que en Guatemala hay fluctuaciones entre meses, pero la tendencia general es al alza, si se tienen en cuenta las denuncias. “No sabemos si esto significa que están aumentando las extorsiones o si las personas están denunciando más. En mi opinión, es la primera”.

Otra debilidad, para Guatemala, es la falta de información sobre este delito, pues considerando el número de personas y empresas afectadas se pensaría que hay más datos disponibles.

En el caso de extorsión a personas, hay una encuesta oficial que es muy buena, pero con información al 2018 y no ha sido actualizada; luego, hay datos del MP y de la PNC, pero hay discrepancias.

En el caso de extorsión a empresas, se cuenta con poca información en el país porque no se pudo incluir una cifra estimada en el estudio.

Pliego de recomendaciones

El informe de GFI brinda sugerencias que van orientadas a cosas que el Gobierno podría hacer para combatir la extorsión:

  • Apalancar la política antilavado (ALD) como una herramienta clave.
  • Asegurar que las instituciones financieras tengan la información suficiente para identificar “alertas rojas” (red flag indicators) en posibles casos de extorsión.
  • Mejorar la calidad de la información contenida en las estadísticas oficiales, para medir la efectividad de las políticas y acciones programáticas. Además, sería importante realizar una encuesta o estudio que mida el impacto de la extorsión en las empresas.
  • Requerir información sobre los verdaderos dueños o ‘’beneficiarios finales’’ de las empresas para abordar la problemática de las que solo son “fachada”.
  • Trabajar de la mano con empresas de telecomunicaciones en la región para encontrar soluciones a los esquemas de extorsión telefónica.
  • Promover la inclusión digital financiera, especialmente en el sector transporte, para avanzar hacia nuevos métodos de pago que no sean solo en efectivo.
  • Incorporar medidas anticorrupción en todos los programas antiextorsión.

Gobernación: “Nos tienen bastante ocupados”

Consultado el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, acerca del informe de GFI, indicó que lo tuvo a la vista, pero no puede omitir opinión sobre los datos porque no se cita exactamente cómo llegaron a esas conclusiones.  “Con todo el respeto que se merece la organización, han de tener ellos sus fuentes para emitir un comunicado de naturaleza, sin duda alguna”, indicó.

Sin embargo, dijo que “las extorsiones nos tienen bastante ocupados y hemos estado haciendo una serie de requisas, captura de estructuras y trabajo de investigación criminal e inteligencia civil”.

Añadió que se trabaja con el Ministerio Público en una serie de casos, ya que no es solo la policía la responsable del tema de la seguridad y la criminalidad, pero el tema se complica porque muchas personas y empresas pagan la extorsión y si no denuncian para que la información llegue a las autoridades, “es más complejo combatir este fenómeno criminal”.

Y mencionó que hay campañas para que no se pague, sino que denuncie y de esa forma, se atiende a las personas.

En el 2022 se asignaron 400 investigadores adicionales a la Subdirección de Investigación Criminal, que atiende diferente tipo de temas, incluyendo las extorsiones ya que “nuestro enfoque ahorita es atender ese tema y se ha hecho un esfuerzo grande para capacitar a más personal y se está perfilando a los próximos agentes que tengan mayor grado de confiabilidad para dedicarlos a esa tarea”.

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