Se estima que unas 30,000 personas en la zona donde se construirá el canal serán expropiados este año por la concesionaria china Nicaragua Canal Development (HKND) en coordinación con el gobierno de Daniel Ortega.
Los pobladores de la zona, sin embargo, se rehúsan a abandonar sus tierras y han expresado su rechazo al proyecto de canal con decenas de manifestaciones en los últimos cinco meses en diferentes localidades del sur del país.
Estos campesinos “no tienen certeza de que recibirán el precio justo por sus tierras, saben que pueden ser víctimas de desplazamientos forzosos, no saben adónde irán, pues no se conoce un plan de ordenamiento territorial que les asegure una organización laboral y social digna” , opinaron los obispos.
La iglesia católica también alertó sobre el impacto ecológico del megaproyecto, que atravesará el Lago Cocibolca de Nicaragua, la fuente de agua dulce más importante de Centroamérica.
“Este proyecto sería un bien para el país sólo a condición de que se hagan serios y profundos estudios científicos que aseguren la factibilidad de la obra a nivel ecológico y económico, que se actúe con la debida transparencia y legalidad” , subrayó la CEN.
El gobierno de Ortega entregó en junio de 2013 a HKND la concesión para diseñar, construir y operar un canal interoceánico en Nicaragua por un período de 50 años, prorrogables por un plazo similar, con una inversión estimada en 50,000 millones de dólares.
El ambicioso proyecto, que competiría con el de Panamá en el 2020, arrancó oficialmente el pasado 22 de diciembre con la construcción de las primeras carreteras de acceso.
El presidente Ortega considera que el canal es la manera “más rápida” de sacar a Nicaragua de la pobreza (45%) .
