Integridad y ética empresarial

La decisión de apostar por la ruta transparente en los negocios familiares debe proceder primeramente de los accionistas.

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En Centroamérica, numerosas empresas familiares de diferentes tamaños y sectores trabajan activamente en la adopción voluntaria de prácticas tendientes a garantizar la integridad y la ética en su actuación.

La corrupción es un mal que en última instancia lleva a lesionar gravemente los valores sociales de respeto, transparencia, veracidad, integridad y honestidad, rompiendo las reglas de convivencia pacífica y respetuosa, y al mismo tiempo, causando pérdidas económicas de grandes dimensiones, a veces incalculables, ya sea por cohecho, enriquecimiento ilegítimo o fraude.

El impacto puede ir más allá de lo meramente económico. Por ejemplo, la venta de medicamentos caducos no solo puede resultar en que no sean efectivos para combatir enfermedades, sino causar la muerte a las personas que los consuman.

La corrupción afecta a los accionistas, clientes, acreedores, empleados, proveedores y a todos aquellos que dependen de la sana marcha del negocio. Por ello, resulta indispensable intensificar la lucha responsable en contra de la corrupción, lo cual es más viable cuando las empresas deciden adoptar un sistema de gobierno corporativo basado en prácticas internacionales que han demostrado ser eficaces. Asimismo, en la medida en que las empresas adopten y vivan principios que conlleven a una estrategia de integridad y ética habrá un efecto positivo directamente proporcional en la confianza de la gente en el sector privado.

Los accionistas de las empresas familiares deberían encargar a sus juntas directivas discutir y aprobar principios cuyo objetivo general y primordial sea prohibir la realización, el ocultamiento u otra actividad tendiente a llevar a cabo actos de soborno, corrupción, colusión, o en general cualquier actividad que implique un pago en dinero o en especie. También se incluyen ventajas, privilegios, préstamo de servicios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas, directamente o por medio de terceros a funcionarios públicos, a alguna entidad que maneje recursos ?públicos y tenga facultades de autoridad frente a particulares, a funcionarios de empresas privadas o a una empresa privada.

Todas estas actividades con el objetivo de evitar el cumplimiento de una disposición legal, administrativa o judicial, de algún código de conducta, declaración de principios éticos de cualquier empresa, o cualquier otra análoga o complementaria.

Debería explicitarse la tolerancia cero a este tipo de actuaciones, con sus respectivas consecuencias. No es casualidad que aquellos países con mayor índice de desarrollo y calidad de vida son aquellos que se perciben como menos corruptos:
Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Está ampliamente aceptado que la ética y transparencia de las instituciones públicas y privadas contribuye con el desarrollo, y sin duda, cuanto más próspera, sana y educada es una sociedad, más productiva y consumidora es.

* cluna@cgl.com.gt