Sabemos que la contracción económica más profunda de la crisis del covid-19 —y de la historia moderna del país— ocurrió en abril y mayo con cambios interanuales del IMAE del -10.5% y del IES del -9.3% en promedio. También sabemos que desde entonces la actividad económica se ha venido reactivando. Ya en junio el IMAE pasó a -7.9% y el IES promedio a -7.1%, y en agosto el IMAE llegó a -1.8% y el IES promedio a -4.1%.
Estos últimos datos sugieren que el IES promedio de septiembre de -3.6% augura un IMAE positivo después de seis meses en rojo. Esto es consistente con la expectativa de que, a menos que ocurra una segunda ola u otro shock, terminaremos el año con una caída del PIB entre el -3.5% y -1.5%.
En contraste con la posibilidad de contar una historia —aunque sea tarde o poco precisa — de la actividad económica durante la pandemia, no hay mucho que se pueda decir sobre el desempleo. Lo que sabemos viene en imágenes parciales: el Igss reportó 60 mil empleos formales perdidos hasta abril y una proyección de 120 mil a junio. El Cacif informó de 100 mil empleos formales perdidos hasta inicios de julio, con una proyección de 407 mil al cierre del año.
Además, estas son cifras de empleo formal, por lo que solo podemos proyectarlas para imaginarnos la tasa de desempleo. Si asumimos que la pérdida de empleos informales por cada pérdida de empleo formal ocurre a razón 1:1 —y que no se crean empleos— podríamos sugerir que el desempleo en junio-julio su duplicó comparado a 2019 llegando a 5.4%-5.9%. Si asumimos que la razón es 2.33:1 —la razón de empleos informales por cada empleo formal en la economía — entonces dicha tasa llegaría a 7.3%-8.2%. No tiene sentido proyectar a fin de año con los datos disponibles porque sin duda se crearán empleos con la reactivación en curso. El uso de la Ley de Okun en Guatemala para obtener un estimado de las cifras de desempleo da resultados plausibles, pero estadísticamente insignificantes, por lo que no es un camino que amerita siquiera reportar.
En general, los países tienen mecanismos para monitorear mensual o al menos trimestralmente las condiciones del mercado laboral, pues es posiblemente el mercado más importante para la producción y el bienestar de una nación.
Por ello sabemos, por ejemplo, que en EE. UU. el desempleo fue 3.5% en febrero, llegó a 14.7% en abril y cayó a 8.4% en agosto; que en Chile éste llegó a 8.2% en el trimestre enero-marzo, hasta 13.1% en el trimestre mayo-julio, y cayó levemente en el trimestre junio-agosto; y que en Bolivia el desempleo fue de 5.84% en el primer trimestre y llegó a 8.36% en el segundo.
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En Guatemala sabemos que el desempleo fue 2.5% en 2019, y no hay más. Rara vez se ha recolectado el dato de desempleo más de dos veces por año, y pareciera que el 2020 no contaremos con uno, dada la suspensión de la ENEI (Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos) reportada por el INE.
Tener datos periódicos del mercado laboral no es un asunto de recursos sino de entendimiento, prioridades y construcción de capacidades (el PIB y el PIB per cápita son 50% y 25% más bajo en Bolivia que en Guatemala).
Los datos se obtienen porque, aunque sean caros, se “entiende” que sin ellos la política pública se hace “adivinando”, aún si está bien intencionada y capacitada.
Los datos se “priorizan” porque, aunque su costo restringe la cantidad de cosas que se pueden hacer y por sí solos son insuficientes para tener buenas políticas, son una condición necesaria para ello.
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Por último, la “capacidad” de recolectar datos, aunque es innegablemente costosa de construir, también depende de la decisión de construir otras instituciones habilitantes.
En el caso del desempleo, la ausencia de un seguro de desempleo junto a una tasa de informalidad de un 70% naturalmente dificultan recabar datos. La resistencia del Igss a compartir datos tampoco ayuda. En este sentido debiese ser prioritario instaurar un seguro de desempleo, acelerar el “tránsito a la formalidad” —eje en la Política Nacional de Empleo Digno — y fomentar una cultura de datos abiertos.
En el poco tiempo que he vivido en Guatemala me ha llamado la atención la falta general de datos y la cultura de secretismo que existe en torno a ellos. Con algunas excepciones destacables como el Banguat, VUPE, COMEX-IM, FHA y otros pocos, la opacidad existente dificulta el desarrollo de una sociedad del conocimiento, decisiones públicas y privadas basadas en evidencia, y el florecimiento de ecosistemas de innovación cimentados en el libre flujo de información.
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De hecho, la falta de datos sigue siendo el principal candidato para explicar el desempeño insuficiente del IES. Aún más, llama la atención como el egoísmo en despliegue con este secretismo es impropio de la calidez y solidaridad característica de los guatemaltecos y guatemaltecas.
Hace unos días en una charla con Esther Duflo —premio nobel de economía de 2019— se destacó cómo el covid-19 ha creado una sensación de solidaridad que podría fomentar nuevas narrativas en torno a las bases de la seguridad social.
Sería una paradoja hermosa que el sufrimiento ocasionado por este virus fuese el empuje para no solo instaurar un seguro de desempleo y aumentar la formalidad laboral, sino también recordar que la solidaridad que fomenta la confianza y el flujo de datos es un pilar importante de la prosperidad.
*Observatorio Económico Sostenible, Universidad del Valle de Guatemala
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*Las opiniones en este artículo no necesariamente representan al Observatorio Económico Sostenible, la Universidad del Valle de Guatemala ni a sus autoridades.
