Jean Paul Brichaux, director ejecutivo del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), refiere que se trata de una ley sancionatoria que impone multas, pero no establece procesos ni mejora los ya existentes.
A criterio de Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), es necesario regular las sanciones. Refirió que muchas veces se redactan las leyes sin hacer los diagnósticos y al aprobarlas no se miden los efectos.
Desde marzo del 2012 el Gobierno ha exonerado las multas que aplica el decreto en mención por desacuerdos entre empresarios y el Gobierno.
El directivo explicó que hay muchas sanciones establecidas en esa ley que no se aplican por la diversidad de papeleo y plazos muy cortos.
Mencionó como ejemplo que si no se liquida una póliza complementaria en tres días se cae en incumplimiento. Ese plazo es muy corto, ya que se deben reunir todos los documentos, llevarlos a la portuaria y presentarlos al agente aduanero, explicó.
Brichaux expuso que del cien por cien de las exportaciones alrededor del 90% incumple esa disposición y se tendría que aplicar una multa de US$250 por cada póliza incumplida, lo cual subiría los costos para los empresarios.
Se ha relacionado la ley con mejora a la recaudación, pero lo que se debe hacer es facilitar el comercio, no encarecerlo, ni obstaculizarlo, y en lugar de multar deben mejorar los procesos, indicó.
Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional del Transporte de Carga y de la Federación Centroamericana de Transportistas (Fecatrans), destacó que las multas en general son elevadas, que van desde US$250 hasta US$1 mil, y otras que se duplican, además hay casos en que la sanción es la cancelación la empresa, o bien, la cancelación de autorización para hacer trámites.
A su criterio, la misma ley se presta a corrupción y discrecionalidad porque los mismos empleados que atienden en las ventanillas son quienes aplican las sanciones.
Las aduanas necesitan más tecnología y control al personal porque los empleados, cuando quieren descansar, constantemente dicen que no hay sistema informático, se quejó Fajardo, mientras que los transportistas al pasar de 24 horas en recinto aduanero los multan.
El diputado Carlos López, miembro de la comisión de Finanzas, afirmó que se busca agilizar en la agenda del Congreso las reformas a la ley aduanera y destacó que durante la socialización del proyecto ningún sector se quejó de las multas, por lo que estas no tendrán muchas modificaciones.
Siguen eximidas
La normativa aduanera entró en vigor en marzo del 2012, pero cada tres meses el Gobierno aprueba una exoneración para el cobro de multas ahí establecidas.
Autoridades del Ministerio de Finanzas explicaron recientemente que el fisco dejará de recaudar Q140 millones por multas en el 2012 y el 2013.
Cada acuerdo de exoneración es por 90 días, y se ha ampliado en varias oportunidades. El actual vencerá el 15 de diciembre.
Las autoridades explican que la normativa cuestionada establece el régimen de sanciones por ejecutar, según se establece en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca), el cual en 15 años no ha aplicado Guatemala.
Se establecen al menos 43 infracciones y multas, que van desde US$250 hasta US$1 mil.
Se puede suspender a un importador si brinda datos falsos. Otras infracciones van desde discrepancias entre la declaración y la documentación de respaldo, y el tipo de mercancía, así como evitar el reconocimiento físico de la mercadería.
43 sanciones de diferente tipo contiene la ley aduanera.
20 meses es el plazo en que se han exonerado las multas.
