Ley dará a SAT más facultades

La Comisión de Transparencia del Congreso emitió un dictamen favorable a la iniciativa de ley de fortalecimiento para la transparencia y calidad del gasto público, que incluye aumentar las facultades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para combatir el contrabando y defraudación tributaria, en coordinación con otras entidades.

Combatir el   contrabando será una de las  nuevas facultades de la SAT, incluyendo que la doten de más agentes para operativos.
Combatir el contrabando será una de las nuevas facultades de la SAT, incluyendo que la doten de más agentes para operativos.

El proyecto incluye cambios a la SAT, Contraloría General de Cuentas y Ley del Presupuesto.

La iniciativa necesita un dictamen conjunto, y según el diputado del Partido Patriota Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación, esta se adherirá al emitido por la sala en mención.

Por esa razón se convocará a los parlamentarios de Legislación, para que lo firmen el próximo lunes, indicó.

Carlos Barreda, diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza y miembro de la Comisión de Transparencia, dijo que con ese proyecto se facultará a la SAT para coordinar con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil la persecución de los delitos de contrabando y defraudación tributaria y aduanera, cambios que apoyan.

Además, se establece que estas entidades deben crear unidades especiales para ejecutar los operativos, ya que a la fecha, según Barreda, solo tienen a disposición de la SAT 25 agentes.

Además, se establece un período de cinco años de gestión para dirigir la SAT y el directorio.

Sin embargo, también se adicionan cinco causales para remoción del superintendente si no ejerce medidas administrativas para mejorar la recaudación, y se establecen normas para transparentar la devolución del crédito fiscal.

Asimismo, se especificarán sanciones por infracciones administrativas entre Q5 mil a Q100 mil, y de Q60 mil para quien se resista a la auditoría de la Contraloría. Se pedirá certificado de disponibilidad financiera para contratar obras y se crea la sanción de 5% sobre el monto de la obra a quien incumpla para evitar deuda flotante.

Los informes de la Contraloría podrán ser usados como prueba en juicios de cuentas.

Se eliminarán los fideicomisos de gasto en un plazo de 7 años, y se dejarán solo los de crédito, pero con más controles.