Operarios de Portuaria Santo Tomás tienen sueldos elevados

El riesgo de llegar a una quiebra financiera en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) denunció la junta directiva de dicha entidad, que pidió una investigación de los salarios y beneficios del personal, que en algunos casos resultan onerosos.

La Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla presentan el informe. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)
La Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla presentan el informe. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián)

El informe, presentado ayer, señala que el costo del pacto colectivo suscrito con cinco sindicatos en esa entidad  representó una erogación de Q80 millones, solo en el 2015.

Los directivos determinaron que existe además una injerencia de funcionarios externos en la gestión del puerto, lo que ha conducido a  un exceso de personal.

Carga

En la nómina del renglón 031 hay  personal que trabaja en el área de estiba —colocan la carga a bordo para que sea embarcada o desembarcada del barco— que devenga hasta Q47 mil 33 mensuales, tal el caso  del salario  para un operador de grúa.

Por ejemplo, un aguatero —su labor es abastecer de líquido  a los trabajadores— tiene un ingreso promedio de Q35 mil  119, y un contador de tiempo, Q33 mil 490.

Un ayudante de cabezal —para movilizar el contenedor dentro del patio— gana Q33 mil 327 al mes.

Óscar Leonel Romero, gerente de Empornac, expuso que un trabajador goza del pago de una o dos horas extras diarias, por destajo,  por el movimiento de embarque o desembarque de un buque de 60 toneladas métricas.

La medición se fundamenta en un código establecido en el Pacto colectivo. Además, hay un  pago extraordinario si no se alcanza a terminar el trabajo en el turno.   

Desproporcionado

El tema de los salarios cobró relevancia luego de que, el 17 de enero recién pasado, el Congreso hizo pública su nómina de personal, en la cual aparece que un conserje gana Q30 mil mensuales, lo que ha desatado un clima de indignación en  la sociedad.

Alejandro Williams, representante del Ministerio de Economía en la junta directiva de Empornac, informó que la Portuaria corre riesgo de quiebra si no se hace una reorganización y reclasificación.

Del total de la planilla, mil 391 trabajadores, el 78.3%, están afiliados a un sindicato.

Entre las prestaciones de que gozan los empleados de la Portuaria  se cuentan 14 sueldos al año, un bono familiar trimestral por Q6 mil —Q24 mil al año—, bono por vacaciones, seguro médico y  derecho a un regalo navideño para     trabajadores y sus hijos.

El Sindicato de Trabajadores Unidos de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla  es el  mayor, con 770 afiliados.

Prensa Libre intentó obtener la opinión de los dirigentes sindicales, pero se informó que   se encontraban fuera de las instalaciones.

 Investigación

Romero dijo que está en curso una investigación sobre posibles plazas fantasmas, cuyo personal no se presenta  a trabajar pero se cobra el sueldo.

El funcionario no detalló el número de esos empleados ni a qué áreas estarían asignados, por  lo que se efectúa un censo interno. También anunció la cancelación de 23 contratos.

Roberto Campos, presidente de la junta directiva de la portuaria, señaló que personal de la Contraloría General de Cuentas  efectúa  tres auditorías requeridas en las áreas Financiera, de Operaciones y Planilla Laboral.

Según sean los resultados, Campos  no descartó   presentar  acciones legales  en el Ministerio Público.

Julio Yon Rivera, representante del sector naviero y usuarios en la Junta Directiva, comentó que es necesaria una reorganización.

El Pacto Colectivo  vence en abril próximo, por lo que las partes deben  denunciar para hacer una una nueva negociación.

Miguel Ángel Lucas, abogado laboralista y dirigente laboral, considera que “existe un ataque mediático” contra las  organizaciones sindicales.

La portuaria se convierte en la segunda institución que expone públicamente los excesos de los pactos colectivos y el descontrol en planilla a causa de compadrazgos o pago de favores, después del Congreso de la República, que primero reveló nombres, cargos e ingresos, y posteriormente anunció la cancelación de contratos.

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