El funcionario indicó que actualmente las 10 entidades requeridas por la CC están en la fase de preconsulta, es decir, que se define la estrategia para efectuar la consulta en las comunidades y que se trabaja con el Ministerio de Finanzas en el tema del presupuesto.

LE PUEDE INTERESAR

Esto podrán gastar los partidos políticos para las elecciones de este año

Chang indicó que la ejecutoria de la sentencia de la CC fue recibida el 21 de noviembre del año pasado, pues, aunque la Corte emitió una resolución en septiembre, se interpusieron algunos recursos de ampliación y aclaración.

En una primera etapa, las entidades presentaron un informe sobre la situación, con lo que se hizo un proceso de convocatoria y se dio información a través de medios radiales en el área de influencia de la minera.

Lea también: ¿Quiénes fueron los ausentes en la sesión para el tercer informe de Jimmy Morales?

La CC requirió la participación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los ministerios de Cultura, Energía y Minas, Ambiente, la Comisión Presidencial de Diálogo, la empresa, la municipalidad de la localidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, universidades y las comunidades que se señalan como afectadas.

La consulta comunitaria podría efectuarse este año, pero esto depende de la pauta que indiquen las comunidades, afirmó Chang.

El proceso

La suspensión de dos licencias de operación de la Minera San Rafael se origina por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social en julio del 2017.

Lea también: Los ocho logros parciales que destacó Jimmy Morales en su informe

En esa resolución, se indicó que la minera se instaló sin efectuar una consulta a las comunidades y sin un estudio de impacto ambiental más profundo.

En octubre de ese año, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana presentó un recurso ante la CC con el que buscaba revertir lo ordenado por la CSJ y en febrero del 2018 un grupo de trabajadores de la minera hizo lo mismo con la intención de resolver en definitiva la situación.

La resolución de la CC llegó finalmente en septiembre del 2018, cuando los magistrados confirmaron la suspensión de las licencias, pero se ordenó al Estado de Guatemala a efectuar una consulta.

Contenido relacionado

>Minera San Rafael informa el despido de 200 colaboradores

>Por estas razones suspensión de mina afecta mercado global

>Minera San Rafael: Fallo pone a negociar a las empresas, afirma abogada