Este tipo de instituciones han sido creadas y funcionan en otros países para que el ciudadano, por ejemplo, un importador, cuente con un recurso de impugnación frente a resoluciones o actos de la SAT en temas de valoración de las mercancías o correcta clasificación, por un órgano independiente o desvinculado de la propia SAT; en otras palabras, se busca eliminar que la SAT sea juez y parte.
Quien resuelve es un órgano colegiado, lo que brinda mayor certeza a la decisión. En el caso del tribunal costarricense, su misión es “conocer y resolver en el menor plazo posible y como órgano especializado, los recursos de apelación interpuestos contra actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas”.
Desde el inicio de su gestión, es importante asegurar la independencia institucional y mucho más presupuestaria del Tribunal, y evitar en buena medida fenómenos como en la Argentina, donde el Tribunal adolece de falta de personal y equipo informático adecuado, según el diario La Nación, lo que provoca que ninguna causa termine antes de los cinco años. Al parecer, las limitaciones presupuestarias requieren que el interesado pague una tasa del 2.5% del monto de cada litigio si desea que su caso sea revisado por el Tribunal.
Contar con personal calificado y suficientes recursos financieros para operar de manera eficaz y eficiente son retos para la misma SAT, donde el contribuyente y la propia institución recaudadora tienen mucho que ganar o perder de la operatividad del Tribunal.
Es lógico que en algún momento se evidencie alguna contradicción entre los resultados del Tribunal y de las propias metas recaudatorias de la SAT. Ese será una prueba de fuego para la institución que apenas iniciará su vida en pocos meses.
PEDRO DE ALVARADO. Otro tema aduanero no relacionado con el anterior y que me gustaría comentar en esta columna es la gratísima experiencia que viví la semana pasada en el puesto fronterizo (PF) comercial más importante del país, Pedro de Alvarado, fronterizo con La Hachadura, del lado salvadoreño. Desde hace más de diez años he visitado el PF, la última en junio pasado, y la historia era la misma, colas de kilómetros donde los camiones esperaban para salir de Guatemala, malgastando horas y días en tratar de pasar a El Salvador. El automovilista hacia el país vecino invadía el carril contrario, en una especie de aventura extrema, evitando chocar de frente con un camión o bus proveniente de El Salvador.
Los días que estuve no vi ninguna fila de más de cinco camiones, un verdadero “milagro”, consecuencia, según averigüé, de la coordinación de la Intendencia de Aduanas SAT, Ministerio de Gobernación y autoridad vial para evitar el estacionamiento de camiones sobre la calzada esperando sus trámites. Seguramente, la tramitología para el cruce sigue siendo larga, pero los medios de transporte que llegan con sus documentos electrónicos previamente validados y completos pueden cruzar a La Hachadura, donde la aduana yuxtapuesta entre ambos países gestiona las exportaciones guatemaltecas o tránsitos que vienen de México.
Este es un ejemplo práctico de lo que se denomina Gestión Coordinada de Fronteras, considerada como buena práctica internacional y que ha sido desarrollada y apoyada por el BID, Banco Mundial y FMI-Captac en la región. La solución final al PF requiere necesariamente un nuevo puente e infraestructura moderna en otro lugar, pero el paso ha sido positivo.
