En la década siguiente la discusión migró hacia el gran tema de reducción de la pobreza, y con ello el surgimiento de estrategias nacionales, departamentales y municipales, los diferentes ejercicios de levantamiento de información primaria para poder monitorear las dinámicas de pobreza, y toda una batería de estudios que constituyeron un avance sustantivo en la comprensión de muchas de las causas de dicho fenómeno.
Surgió entonces la idea de construir redes de protección social como mecanismos de política pública para revertir esa aguda pobreza y desigualdad. El esquema más utilizado fueron las transferencias monetarias condicionadas. La idea básica era intentar romper el ciclo intergeneracional de pobreza a través de entregar efectivo a hogares pobres —contribuir mínimamente a revertir la pobreza monetaria actual— a cambio de que lleven a sus hijos a la escuela y el centro de salud —mejorar el capital humano para revertir la pobreza estructural de mañana—.
Más tarde en el tiempo se comenzó a hablar de combinar crecimiento económico con reducción de pobreza a un ritmo creciente y sostenible. Es decir, la pregunta que nos estábamos haciendo era: ¿será posible encontrar algún tipo de crecimiento económico que beneficie a los más pobres? En apariencia una pregunta de Perogrullo, pero que deja de serlo al observar la evidencia empírica.
Allí nos damos cuenta de que el país ha tenido períodos de crecimiento sin que necesariamente este se haya traducido en mejoras a las condiciones de vida de la mitad más pobre de la población. En otras palabras, el crecimiento económico no es un reductor automático de pobreza.
De manera reciente, uno de los experimentos que se están intentando es la posibilidad de articular de manera mejor la política de protección social con la de fomento productivo, utilizando como puerta de entrada a la población que ya es beneficiaria de programas de protección social. ¿Por qué así y no al revés? ¿Por qué comenzar por los beneficiarios de protección social y no por los de programas de fomento productivo? Por dos razones básicamente.
La primera, más conceptual, porque la protección social por definición debiera estar focalizada hacia la población más pobre de cualquier país. Así, pensar el crecimiento económico desde los usuarios de la política social nos obliga a hacer explícito y directo el mecanismo de transmisión que se busca con una estrategia de inclusión productiva. En otras palabras, el derrame ha sido superado como posible canal de redistribución del crecimiento.
Y en segundo plano, desde una perspectiva mucho más operativa y de “realismo” en la implementación de política pública, porque debemos reconocer que la política social ha sido muchísimo más efectiva en institucionalizarse; en generar cuadros dentro de la burocracia pública; en desarrollar instrumentos de focalización, entrega, seguimiento y evaluación; entre otras ventajas.
Eso la hace mucho más apetecible ante los ojos de los formuladores de política pública que hoy se enfrentan a un desafío doble: por una parte, cómo lograr un mayor crecimiento económico en la base de la pirámide; y por la otra, como se logran articular diferentes programas que muchas veces los Estados nacionales ya están ejecutando, pero sin que estos lleguen a la población más necesitada.
Por ahí va más o menos el debate regional. Es verdad que es un esfuerzo relativamente nuevo, cuyos resultados tendrán que verse en los próximos años. Sin embargo, bien haríamos en Guatemala si le damos un seguimiento cercano a experiencias mucho muy interesantes como las que se gestan en Perú, Brasil y más recientemente en México.
trosada@gmail.com
