El Gobierno había dado por concluido el diálogo con los sectores relacionados al proyecto el pasado 9 de julio, cuando ratificó además que es “firme e inamovible” la decisión de concluir la obra, suspendida desde febrero por incumplimientos ambientales.
Pero un conjunto de protestas por parte de los activistas indígenas que se niegan a la finalización de la obra, obligaron al gobierno, representado en la vicepresidente y canciller Isabel De Saint Malo de Alvarado, a insistir en retomar el diálogo para resolver los desacuerdos de los moradores.
El pasado viernes, cuando los manifestantes lograron cerrar todos los canales de la internacional vía Panamericana, en Tolé, provincia de Chiriquí, voceros de los indígenas expresaron a periodistas su descontento porque no han visto ningún resultado en la fase de diálogo que sostuvieron con el Gobierno.
Para lograr que se reabriera la vía, el Gobierno pactó una reunión hoy con la comisión indígena a las 9:00 hora local (14:00 GMT) , con la condición de que no se impidiera de nuevo el tránsito.
Ya en Tolé, la mañana de hoy la vicepresidente anunció el retorno al diálogo de los representantes de la ONU en una reunión con la comisión indígena Ngbe Buglé.
Mientras la vicepresidenta estuvo reunida, la Policía Nacional procedió a la detención de 20 manifestantes que insistían en parar el tránsito en la importante carretera. Los mismos fueron liberados antes del mediodía, según medios locales.
Habitantes de la comarca Ngbe Buglé han apelado a esta técnica de protesta en numerosas oportunidades, en especial desde el 15 de junio pasado, cuando finalizó un ultimátum que dieron al presidente Juan Carlos Varela para que cancelara la obra.
Distintos voceros del Gobierno, incluido el presidente, han dicho que la construcción de Barro Blanco continuará por ser la generación de energía eléctrica una prioridad para el país; pero los vecinos indígenas exigen hasta la demolición de los trabajos hechos, que representan un 95 % del proyecto.
El día de hoy De Saint Malo de Alvarado recordó a la comisión indígena que el Gobierno tiene seis meses instando al diálogo para resolver las diferencias en torno al proyecto.
La propuesta oficial es continuar con los trabajos mientras avanzan las negociaciones para resolver las incompatibilidades que existan entre el funcionamiento de la hidroeléctrica y la vida de la comarca.
Según reporta el diario La Prensa, los indígenas señalan que regresarán a la mesa del diálogo si se retira el contingente de la Policía Nacional de Tolé, en las inmediaciones de la obra desde hace semanas, y se cancela en su totalidad la hidroeléctrica.
La empresa contratista, la hondureña Generadora del Istmo (Genisa) , informó el jueves pasado a Acan-Efe que ha perdido más de 40 millones de dólares a causa de la suspensión de las obras de la hidroeléctrica panameña Barro Blanco, desde febrero, y que tomará un año poder concluir el 5 % que está pendiente.
Genisa también ha reiterado que no continuar la obra y dejar los trabajos tal y como están, resulta un peligro para las comunidades aguas abajo de la presa que proyecta la hidroeléctrica; consideran una crecida del río que alimentará la obra como un riesgo potencial.
El proyecto ha sido foco constante de conflicto con las comunidades de la comarca, pues el lago que formará la represa inundará 5,6 hectáreas de terrenos anexos a esa población cuando sea temporada de lluvias.
En el lecho del río Tabasará, que surtirá la presa, está un petroglifo precolombino que sirve de culto principal de la iglesia sincretista Mama Tadta, que quedará permanentemente cubierto de agua cuando el lago se forme.
La hidroeléctrica de Barro Blanco comenzó a construirse en el 2011 y proyecta generar 28,56 megavatios, cerca del 2 % de la capacidad instalada del país.
