Economía

Presupuesto 2024: Crece rechazo de sectores que señalan que aprobación se presta a “corrupción” y piden sea vetado

Fundesa, entre otros sectores, señalan que el presupuesto 2024 aprobado atenta contra la estabilidad macroeconómica de Guatemala y se presta a actos de corrupción.

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MANIFESTACIÓN EN GUATEMALA

Guatemala ha sido escenario de manifestaciones ciudadanas en las que pobladores rechazan los actos de corrupción en la administración pública. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En una sesión que duró varias horas el jueves 30 de noviembre, el Congreso de la República con 115 votos aprobó el decreto 18 – 2023, que da vida al presupuesto nacional para el próximo año, on un monto de Q124 mil 879 millones.

La aprobación se registró durante la plenaria que se extendió hasta la noche de ese jueves, día que vencía el plazo; sin embargo, con el pasar de las horas comenzaron a surgir reacciones que tachan que el presupuesto no responde a los intereses del pueblo de Guatemala.

Han pasado tres días de la aprobación por parte de los disputados y crecen las reacciones de rechazo, como las publicadas este domingo 3 de diciembre.

Una de estas es la del Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Destacó que desde la comisión técnica de salud de Fundesa han recomendado que el Ministerio de Salud Pública genere criterios más específicos que transparenten las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (oenegés), y para ello elaborar manuales sobre competencias para determinados aportes.

Agregó que el presupuesto general 2024 aprobado por el pleno del Congreso de la República, deja asignaciones especificas a oenegés, algunas de reciente creación, sin criterios sobre las competencias necesarias para los recursos que se les va a desembolsar, limitando así la capacidad de fiscalización para lograr un adecuado desarrollo social con base en la planificación y seguimiento en la ejecución, que fomenten la eficiencia y la transparencia del gasto público.

“Esto solo genera mayor corrupción”, señaló.

Resaltó que dentro de las propuestas técnicas presentadas en el Encuentro Nacional de Empresarios, por parte de Fundesa, se ha recalcado la importante necesidad de eliminar la asignación a proyectos específicos que no tengan estudios de preinversión, así como la urgencia de contar con contratos de pagos por indicadores, que ayuden a transparentar la calidad de la inversión.

Señaló que el presupuesto aprobado asigna fondos a proyectos específicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con readecuaciones presupuestarias, por montos significativos, para financiar obras y proyectos que no estaban en los planes del Ministerio según el proyecto de presupuesto enviado originalmente por el Organismo Ejecutivo, por lo que el uso de tales recursos puede ser cuestionable y opaco.

“Tal y como se expresó en comunicados anteriores, el presupuesto aprobado también atenta contra la estabilidad macroeconómica, ya que no se reintegró el pago al Banco de Guatemala por sus deficiencias netas, razón por la cual el déficit fiscal seria cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es sumamente preocupante”, advirtió.

Añadió que “Adicionalmente, se dejó en riesgo al Estado de Guatemala de caer en una parálisis en la colocación o recolocación de deuda, ya que el Gobierno debe contar con la aprobación previa del Congreso para emitir, negociar o colocar Bonos del Tesoro, hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal vigente. Esto afecta negativamente la calificación de riesgo país, ya que no se podrían recolocar los bonos que vencen el próximo año por un monto cercano a los Q6 mil 260.9 millones, según el propio Ministerio de Finanzas”.

Fundesa solicitó: “Por estas y otras razones técnicas recomendamos al presidente de la República vetar el decreto 18-2023 del Presupuesto General 2024”.

Mientras que ciudadanos representados en el Frente Ciudadano Contra la Corrupción expresaron su “profundo” rechazo ante la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2024 por parte del Congreso.

“Consideramos que este presupuesto, lejos de representar un avance en la gestión de los recursos públicos, perpetúa vicios y prácticas que históricamente han facilitado la corrupción en el país”, señaló.

Reiteró: “Nos preocupa que, a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía por demandar transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos, el presupuesto aprobado no refleja un compromiso real con estos principios fundamentales”.

Agregó que en lugar de avanzar hacia una gestión responsable y alineada con las necesidades prioritarias de la población, el presupuesto mantiene estructuras y asignaciones que han sido fuente de malversación y prácticas corruptas en el pasado.

Ante este escenario, hizo un llamado urgente al presidente de la República para que ejerza su facultad de veto sobre este presupuesto y promueva una reestructuración integral que garantice la verdadera atención de las necesidades de la población guatemalteca.

Indicó que es imperativo que se establezca un presupuesto que esté al servicio de los intereses colectivos, evitando privilegios indebidos y promoviendo la equidad en la distribución de los recursos.

Instó a que esta reestructuración se haga con la participación de la sociedad civil, permitiendo un proceso transparente y democrático que refleje las verdaderas necesidades de la población.

“La transparencia en la gestión pública es esencial para reconstruir la confianza en las instituciones y avanzar hacia una Guatemala más justa y próspera”, reiteró.

Reafirmó su compromiso con la lucha anticorrupción y de continuar trabajando incansablemente para asegurar que los recursos públicos se administren de forma ética, eficiente y para el beneficio de toda la sociedad guatemalteca.

Además, la Fundación Libertad y Desarrollo en un comunicado señaló: “Un congreso dominado por delincuentes solo podía producir un presupuesto dedicado a la corrupción”.

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Añadió que la “Nación debe rechazar este presupuesto de la vergüenza por ilegal, inmoral y ofensivo y si al presidente le queda una gota de decencia, lo debe vetar”.

“Solo el descaro y el cinismo de la infame clase política que desgobierna nuestro país son más grandes que su ignorancia y su temeridad”, puntualizó.