Puerto Rico acumula una deuda de US$72 mil 800 millones de dólares, de los que cerca de la mitad son de corporaciones públicas, que a menudo recurren al Gobierno para mantenerse a flote.
Tan sólo unas horas después de que el gobernador lo presentara, el Senado local aprobó este mismo miércoles el proyecto de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, que, según dijo García Padilla, simplemente establece un marco legal que ya existe en el resto de los estados de Estados Unidos.
El proyecto “no es una ley de quiebras” , insistió en aclarar el gobernador, quien apuntó que únicamente establece el marco legal para que las empresas públicas sin capacidad financiera para afrontar sus deudas puedan poner en marcha un plan de pago estructurado que permita a la vez su continuidad operativa.
Según lo establecido, si una de estas empresas, que en general se encargan del mantenimiento de infraestructuras y servicios básicos, no puede pagar sus deudas deberá acordar con sus acreedores un plan de reestructuración, para lo que se podrá contar con la supervisión de un juez.
El legislador del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique Meléndez criticó que se haya impulsado apresuradamente este proyecto de ley, sin un debate previo.
Esta legislación se presenta menos de una semana antes de que el próximo 1 de julio comience el nuevo año fiscal, para el que se propone un presupuesto de US$9 mil 565 millones y que, por primera vez en 22 años, iguala ingresos y gastos.
Para lograrlo y tratar de no seguir abultando la deuda de la isla, también se acabó de declarar una emergencia fiscal que, entre otras medidas, permite revisar los convenios colectivos de los empleados públicos y recortar beneficios sociales, lo que está desatando paros y protestas.
Hoy mismo, y mientras García Padilla anunciaba la nueva norma, cientos de empleados púbicos se concentraron ante dependencias estatales para protestar por el empeoramiento de sus condiciones de trabajo y por la citada declaración de emergencia fiscal a través de la llamada Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional.
Los trabajadores realizaron una marcha por las principales arterias de la capital, con representantes de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) , Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Autoridad de Puertos, las principales empresas que hasta ahora no han alcanzado acuerdos con el Gobierno para la revisión de sus respectivos convenios colectivos.
El nuevo presupuesto, al que el martes el Senado introdujo modificaciones sobre el texto que le llegó de la Cámara de Representantes, tendrá que perfilarse en sus últimos detalles en un comité mixto de las dos cámaras antes de su aprobación en los próximos días.
