Los representantes sindicales, por su lado,  rechazan la iniciativa  porque no devuelve la emisión de sanciones a  la IGT, mientras que los empleadores afirman que apoyarán el proyecto si se contemplan procesos abreviados por parte de un juzgado de Trabajo al momento de las acusaciones laborales.

“La capacidad sancionatoria debe  estar en la IGT, que es lo que señala el USTR, y no los jueces, por lo que solicitamos al Congreso no adoptar esa iniciativa”, subrayó Adolfo Lacs Palomo, secretario de la Federación de Empleados Bancarios y de Seguros.

Marcio Cuevas, coordinador de la mesa laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que es necesario seguir el debido proceso, donde los juzgados de Trabajo cumplan con su obligación al momento de una acusación laboral.

Sin embargo, destacó  la posibilidad de que el delegado de la IGT, cuando haga una visita a las empresas,  dé recomendaciones de sanción, pero que sea un  juez de Trabajo quien emita las resoluciones.

Estuardo Castillo, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, respaldó el proceso  abreviado, o sea que  el inspector  determine in situ  la falta en las empresas, pero que sea el juez quien sancione.

Para el cumplimiento de esa fase, explicó, se deben   respetar  los tiempos de sanción. El USTR  insiste en que sea la IGT la que emita las sanciones contra las empresas, pero existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad del 2001, que resolvió que solo los jueces tienen  competencia para ello.

“La IGT no posee la facultad de imponer multas”, recordó Cuevas.

presión
El presidente Otto Pérez Molina comentó, después de lamentar que se haya reabierto el panel de arbitraje,  que desde julio último, cuando viajó a Washington,  el secretario de Comercio estadounidense se reunió con él para hablarle al respecto.

“Fue un tema que nos adelantó. Mostró su preocupación y dijo que  tenían mucha presión, y que si no lográbamos  avanzar en la legislación laboral íbamos a tener que ir a un panel arbitral”, dijo el gobernante.

Agregó: “Lamentablemente, en el Congreso, ustedes conocen la situación y la condición. Esperamos una reflexión de las bancadas y que se puedan aprobar las reformas al Código de Trabajo”.

Pérez Molina dijo que para evitar que no se entienda la información, el Ejecutivo está en la disposición de enviar datos al Legislativo y las bancadas que los requieran.

Carlos Contreras, ministro de Trabajo, expuso que pueden buscar consensos entre los sectores, así como planteamientos que surjan en el Congreso  sobre las reformas al Código de Trabajo. 

El Ejecutivo presentó en julio del 2013 la iniciativa 4703, que dispone aprobar reformas al Código.

Contreras  afirmó que esperan la comunicación oficial del USTR para empezar con el
 proceso de defensa en el panel arbitral.

El capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio  establece una sanción económica de hasta US$15 millones —Q115 millones— por   incumplimiento a los derechos laborales.

Plantea sanción  

Un  análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes)  sobre la iniciativa 4703 refiere que el proyecto cumple con el contenido demandado en el Plan de Ejecución requerido por el
USTR.

Según el estudio, el proceso sancionatorio comienza con un inspector de  la IGT que verifica  de oficio, y si detecta  una falta puede citar al acusado para que comparezca a primera audiencia.

Asíes  indica que si la empresa no acredita el  incumplimiento de  las normas laborales en un plazo de cinco  días hábiles siguientes,  la IGT deberá presentar la denuncia en un juzgado de Primera Instancia de Trabajo, para que conozca y resuelva lo que en Derecho proceda.

La primera resolución deberá estar lista los  tres días siguientes y debe conocer el caso. El artículo 21 de la iniciativa indica   que la IGT recomienda al órgano jurisdiccional la sanción por imponer.

procesos arbitrales
Guatemala suma un nuevo caso en tribunales arbitrales  internacionales, en el marco del TLC con EE. UU:  

La primera  sentencia firme fue por el caso Ferrovías.  

La demanda   se planteó con el argumento de una expropiación indirecta.

El laudo   arbitral   determinó   un pago por US$14 millones, pero el Estado recuperó el derecho del ferrocarril en el 2013.
En proceso  se encuentran demandas en el sector eléctrico, planteadas por las empresas Iberdrola y Teco.

Está en    trámite una  demanda ambiental por el contrato petrolero de Perenco, la cual no se ha formalizado en la Comisión de Asuntos Ambientales, en el acuerdo comercial.