Los representantes sindicales, por su lado, rechazan la iniciativa porque no devuelve la emisión de sanciones a la IGT, mientras que los empleadores afirman que apoyarán el proyecto si se contemplan procesos abreviados por parte de un juzgado de Trabajo al momento de las acusaciones laborales.
“La capacidad sancionatoria debe estar en la IGT, que es lo que señala el USTR, y no los jueces, por lo que solicitamos al Congreso no adoptar esa iniciativa”, subrayó Adolfo Lacs Palomo, secretario de la Federación de Empleados Bancarios y de Seguros.
Marcio Cuevas, coordinador de la mesa laboral del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que es necesario seguir el debido proceso, donde los juzgados de Trabajo cumplan con su obligación al momento de una acusación laboral.
Sin embargo, destacó la posibilidad de que el delegado de la IGT, cuando haga una visita a las empresas, dé recomendaciones de sanción, pero que sea un juez de Trabajo quien emita las resoluciones.
Estuardo Castillo, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, respaldó el proceso abreviado, o sea que el inspector determine in situ la falta en las empresas, pero que sea el juez quien sancione.
Para el cumplimiento de esa fase, explicó, se deben respetar los tiempos de sanción. El USTR insiste en que sea la IGT la que emita las sanciones contra las empresas, pero existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad del 2001, que resolvió que solo los jueces tienen competencia para ello.
“La IGT no posee la facultad de imponer multas”, recordó Cuevas.
presión
El presidente Otto Pérez Molina comentó, después de lamentar que se haya reabierto el panel de arbitraje, que desde julio último, cuando viajó a Washington, el secretario de Comercio estadounidense se reunió con él para hablarle al respecto.
“Fue un tema que nos adelantó. Mostró su preocupación y dijo que tenían mucha presión, y que si no lográbamos avanzar en la legislación laboral íbamos a tener que ir a un panel arbitral”, dijo el gobernante.
Agregó: “Lamentablemente, en el Congreso, ustedes conocen la situación y la condición. Esperamos una reflexión de las bancadas y que se puedan aprobar las reformas al Código de Trabajo”.
Pérez Molina dijo que para evitar que no se entienda la información, el Ejecutivo está en la disposición de enviar datos al Legislativo y las bancadas que los requieran.
Carlos Contreras, ministro de Trabajo, expuso que pueden buscar consensos entre los sectores, así como planteamientos que surjan en el Congreso sobre las reformas al Código de Trabajo.
El Ejecutivo presentó en julio del 2013 la iniciativa 4703, que dispone aprobar reformas al Código.
Contreras afirmó que esperan la comunicación oficial del USTR para empezar con el
proceso de defensa en el panel arbitral.
El capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio establece una sanción económica de hasta US$15 millones —Q115 millones— por incumplimiento a los derechos laborales.
Plantea sanción
Un análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) sobre la iniciativa 4703 refiere que el proyecto cumple con el contenido demandado en el Plan de Ejecución requerido por el
USTR.
Según el estudio, el proceso sancionatorio comienza con un inspector de la IGT que verifica de oficio, y si detecta una falta puede citar al acusado para que comparezca a primera audiencia.
Asíes indica que si la empresa no acredita el incumplimiento de las normas laborales en un plazo de cinco días hábiles siguientes, la IGT deberá presentar la denuncia en un juzgado de Primera Instancia de Trabajo, para que conozca y resuelva lo que en Derecho proceda.
La primera resolución deberá estar lista los tres días siguientes y debe conocer el caso. El artículo 21 de la iniciativa indica que la IGT recomienda al órgano jurisdiccional la sanción por imponer.
procesos arbitrales
Guatemala suma un nuevo caso en tribunales arbitrales internacionales, en el marco del TLC con EE. UU:
La primera sentencia firme fue por el caso Ferrovías.
La demanda se planteó con el argumento de una expropiación indirecta.
El laudo arbitral determinó un pago por US$14 millones, pero el Estado recuperó el derecho del ferrocarril en el 2013.
En proceso se encuentran demandas en el sector eléctrico, planteadas por las empresas Iberdrola y Teco.
Está en trámite una demanda ambiental por el contrato petrolero de Perenco, la cual no se ha formalizado en la Comisión de Asuntos Ambientales, en el acuerdo comercial.
