El relator especial, que se encuentra en Madrid para profundizar en su investigación sobre el impacto de las industrias extractivas en los derechos de los pueblos indígenas, cree que se pueden compatibilizar las necesidades de desarrollo de los Estados y de la sociedad con el respeto de las comunidades indígenas, sus derechos sobre la tierra, su cultura o su salud.
Pero, para ello debe darse un debate en pie de igualdad entre el Estado, las empresas y estas comunidades indígenas.
“Mi mensaje básico es que las empresas tienen que ajustar su actuación, sus políticas, sus relaciones con los gobiernos y con la sociedad de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las que tienen que ver con los pueblos indígenas y empezando por el derecho de estos pueblos a sus territorios”, afirma Anaya.
Y en cuanto a los Estados, el experto de la ONU destaca que, en el caso de Latinoamérica, donde multinacionales españolas y de otros países tienen intereses, hay grandes diferencias de legislación y enfoques.
El experto visitó el pasado diciembre Argentina y presentará próximamente un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
En él, señalará que en ese país se han dado “iniciativas importantes en términos de legislación y reconocimiento constitucional, pero falta mucho en la práctica”.
“No hay una coherencia adecuada en cuanto a políticas de extracción de recursos naturales y derechos de los pueblos indígenas, y hay que dar unos pasos muy concretos para asegurarse de que sea compatibles ambas cosas”, indica.
Un enfoque positivo lo ve en Costa Rica, donde, tras mantener el mes pasado una reunión con representantes indígenas y del Gobierno, acerca del proyecto de construcción de una represa que inundaría parte de territorios indígenas, se acordó reevaluar la situación y suspender por ahora cualquier actividad.
La hidroeléctrica que iba a construir una empresa estatal, con un capacidad de generación de 630 megavatios (MW), sería la mayor de Centroamérica, pero, como destacó Anaya, lo más destacable es que se ha iniciado “un proceso consensuado”, en el que participan también los indígenas “y puedan proponer alternativas”.
“No quiero predecir el final de la consulta, pero he insistido en que todo debe estar sobre la mesa, incluso el no de la empresa al proyecto, o el si al proyecto y que se inunde, pero en este caso con el consentimiento de los indígenas y, por ejemplo, con la entrega a cambio de otro territorio similar”, señala el relator.
Frente a esta situación, Anaya subraya el caso de Panamá, donde las actividades mineras e hidroeléctricas han causado una gran conflictividad y violencia con los indígenas.
“Aquí ya estaba hecha la concesión de una represa, la construcción ya estaba en marcha, y ya se estaba desplazando a la gente. Es una situación ilustrativa de como no se debería avanzar”, afirma.
Denuncia que el único diálogo existente era entre la empresa con las comunidades, sin una supervisión del Gobierno, un diálogo a nivel individual, con familias, básicamente para hacer arreglos y compensarles. Es todo incorrecto, y así lo dije en mi informe”, subraya.
Y la actividad minera en Guatemala también es un caso ilustrativo de “cómo se han avanzado proyectos sin una consulta con los indígenas y con mucha conflictividad”.
“En el caso de Guatemala, mi recomendación ha sido que si no se puede suspender los proyectos existentes, hay que tomar medidas de protección muy claras de los derechos, la vida y la salud de los indígenas. Y no avanzar para nada en nuevos proyectos”, afirma Anaya.
