Solo con digitalización se podrá invertir correctamente en infraestructura, según los constructores

Modernizar, ordenar, simplificar y digitalizar los diferentes procesos para la contratación de la construcción o mantenimiento de la infraestructura vial que ejecuta el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), es la propuesta que presentó la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (Agcc).

El planteamiento es cambiar completamente el mecanismo que se ha utilizado durante muchos años por uno que se presentó con el informe “Índice de eficiencia en inversión para el desarrollo de infraestructura vial”, que durante el 2023 fue elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), a solicitud de la Agcc.

La entidad investigó la eficiencia en la gestión de la inversión pública y se aclaró que solo abarcó el tema de infraestructura vial que ejecuta el Micivi, aunque a futuro, también se puede utilizar la metodología para medir los sistemas portuario y aeroportuario.

La metodología utilizada fue del Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluyó solo a las economías en vías de desarrollo para poder comparar entre países relativamente similares.

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Hugo Maul e Irene Flores, investigadores del Cien, expusieron toda la línea de intervención que da como resultado la contratación de obra vial; la vinculación y los dictámenes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplán); y las ampliaciones presupuestarias al Micivi para proyectos u obras que no responden a una planificación, ni a prioridades, sino a intereses, sobre todo políticos.

Se encontró por ejemplo que en la parte de planificación se encontraron 134 expedientes por una inversión de alrededor de Q7 mil millones, de los cuales, 102 incumplían los parámetros o estaban incompletos, y solo 32 reunían todas las condiciones establecidas en la normativa.

Otro de los fuertes señalamientos durante la presentación es que no existen los proyectos prioritarios, aparte de que hay 276 indicadores que no cuentan con una estimación de costos, mientras que para la Política General de Gobierno (PGG) se encontraron 340 acciones estratégicas, así como 70 para Políticas Públicas Vigentes.

Para el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2032 del Micivi hay un resultado estratégico y para el Plan de Desarrollo Vial 2018-2032 se espera lograr 10 objetivos, ambos con una estructuración de costos estimados.

Para el Plan Estratégico Nacional de Logística de Cargas 2015-2030 (Penlog) se encontraron ocho estrategias y 79 acciones estratégicas, con una estimación preliminar de costos. Y finalmente, para el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025 hay 10 objetivos estratégicos, sin estimación cuantitativa.

Realidades concretas

Jorge Toruño, vicepresidente de la Agcc, aseguró que el índice presentado refleja realidades concretas basadas en indicadores técnicos con estándares internacionales y es una línea base que permite identificar dónde se encuentra la actual gestión de infraestructura y cómo se puede administrar la inversión vial.

En cuanto a las recomendaciones, Toruño indicó que se necesita hacer cambios de manera paulatina, pues van desde la planificación hasta la auditoria de los proyectos. Además, que es necesario crear grupos de trabajo con diferentes instituciones para avanzar de manera ordenada; y una tercera sugerencia es lograr la voluntad política para ir introduciendo estos cambios, ya que muchos de ellos no necesitan hacer reformas legislativas ni acudir al Congreso de la República. “Mucho de esto implica solo cambiar procesos, pues hay avances como la ley de Simplificación de Trámites”.  

En cuanto a la priorización de obras, Toruño aseveró que debe verse desde la planificación general de país y no solo a partir de un Listado Geográfico de Obras, pues también deben plantearse las emergencias. 

Prometen mejoras urgentes

Max Alejandro García Rodríguez, viceministro de Comunicaciones, explicó que el índice evidencia la situación catastrófica del país y demuestra la calamidad en que se encontró esa cartera, ya que el estudio se llevó a cabo el año pasado, aunque la muestra es una ventaja porque permite obtener una radiografía de las obras y así determinar los pasos a seguir.

Entre los procesos a mejorar están la implementación de la digitalización; mejora y análisis de la revisión de los proyectos; y la divulgación pública de todos los actos administrativos, desde la planificación de las obras, supervisión, diseño hasta la conclusión.

Para ello, explicó que ya se trabaja en un sistema de control de proyectos integral, que va desde la planificación, diseño, ejecución y su control, no solo de la obra nueva, sino de su mantenimiento. “Lo más realista e inmediato es la digitalización de los procesos -adjudicación y mantenimiento- que evidenciará otras cosas que se deben cambiar”.  

Citó como ejemplo que los proyectos tendrán que nacer a la vida de forma digital o electrónica “y dejar de utilizar los procesos en papel, que es donde se esconde información. Parte del problema real de la corrupción es que no da tiempo de revisar un expediente de cinco mil folios para hacer un pago, pero si es fácil llevar un control de obras que esté a la vista de todos, y al detectarse un problema cualquier persona puede levantar la alarma”, concluyó.