La hegemonía estadounidense en este campo es absoluta, ya que las tres grandes agencias controlan el 85 % del mercado: S&P, con un 36.7 %; Moodys, con un 34.5 %, y Fitch, con un 16.2 %.

A la canadiense DBRS le corresponde un 1.27 %, y el resto del mercado se reparte entre la veintena de agencias locales de calificación autorizadas a operar en la Unión Europea por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en inglés) .

Entre ellas destacan la alemana Creditreform, la italiana Cerved, la francesa Ellisphere, y la española Axesor, la primera de todas en recibir el visto bueno de la ESMA, puesto que hasta entonces eran los supervisores locales los que concedían la autorización.

En 2009 los integrantes del G20 se propusieron someter a las grandes agencias de rating a una entidad reguladora que controlara su funcionamiento para tratar de rebajar la excesiva dependencia del mercado de sus calificaciones.

De garantes de la solvencia y viabilidad del mercado S&P, Moodys y Fitch pasaron a ser “las que más errores cometieron durante la crisis” causando “tremendos daños colaterales” , tras lo cual salieron “absolutamente indemnes” , en palabras del presidente del BBVA español, Francisco González.

Más que daños colaterales, las grandes agencias generaron terremotos bursátiles y de confianza, hasta el punto de que en 2013 la ESMA las acusó de conflictos de intereses tras detectar “fallos” que comprometían la independencia e integridad de las calificaciones.

En concreto, la ESMA advertía de que los analistas no respetaban en todos los casos la confidencialidad de la información de las evaluaciones“ni practicaban ” suficientes controles internos“.

La ESMA constataba casos en los que ” se divulgaban futuras acciones de calificación a terceras partes no autorizadas“y que los controles internos no identificaron estas prácticas.

Dos años antes, el entonces presidente de la Comisión Nacional española del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, ya había criticado el monopolio de las tres grandes agencias estadounidenses, origen de conflictos de intereses y que podría evitarse si los informes los pagara el mercado y no los propios calificados.

Superado lo peor de la crisis se ha enfriado la idea de contar con una agencia europea de calificación cuya independencia no despierte recelos, con un perfil más profesional y menos sesgado y que pueda plantar cara al triunvirato de S&P, Moodys y Fitch.

Los informes crediticios que hasta hace poco causaban estragos en las bolsas y declaraciones de todo tipo por parte de los responsables políticos y económicos pasan ahora prácticamente desapercibidos.

Ya nadie parece acordarse de que estas agencias asesoraban en el diseño de productos estructurados a los que posteriormente calificaban, como ocurrió con las hipotecas ” subprime” o de alto riesgo, que fueron origen de la crisis.

Y así, la agencia europea de calificación se ha quedado en el limbo, más aún desde que su principal paladín en Europa, Michel Barnier, haya dejado de ser comisario de Mercado Interior tras las elecciones europeas del pasado año.

Los 300 millones de euros necesarios para la puesta en marcha del proyecto no son el único obstáculo, porque también hay discrepancias sobre el modelo de gestión, público o privado.

Hay quien pone en duda que una agencia europea pueda ser efectivamente independiente si califica a los estados que la financian, por lo que sería deseable la puesta en marcha de un consorcio europeo de rating.

Ya hay en otras áreas iniciativas similares, como la alianza entre Rusia y China que creó en 2013 la agencia Universal Credit Rating Group, o el consorcio ARC, en el que participan agencias locales de Portugal, Brasil, India y Malasia.