Subregistros e inacción judicial fuerzan creación de observatorio sobre propiedad privada

Constantes violaciones a la propiedad privada, falta de garantías que protejan ese derecho y la lentitud de las instituciones encargadas de velar por ese cumplimiento fueron las razones por las que surgió el Observatorio de los Derechos de Propiedad.

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Socios y no socios de Cacif podrán enviar denuncias sobre invasión a la propiedad privada al Observatorio de Derechos de Propiedad. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca)
Socios y no socios de Cacif podrán enviar denuncias sobre invasión a la propiedad privada al Observatorio de Derechos de Propiedad. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca)

Según datos del recién creado observatorio, en menos de 10 años, el Ministerio Público (MP) ha recibido 19 mil 51 denuncias por delitos de usurpación —aproximadamente dos mil 300 denuncias por año—, y se desconocen cuántas han avanzado a su fase de investigación o cuántas de ellas fueron resueltas. En los primeros 70 días del 2021, el MP ha acumulado 550 denuncias sobre esa materia.

Nils Leporowski, presidente del Cacif, indicó que diariamente se presentan seis denuncias por usurpación; sin embargo, señaló que en ese número no se incluyen otros delitos en contra del patrimonio y que contempla el sistema de justicia. Su visión es que si se agregara esa cantidad “seguramente sería mayor”.

El presidente del Cacif calificó de “vergonzoso” y “aberrante” la manera como se vulnera ese derecho, y afirmó que hay ejemplos vigentes que preocupan al sector privado por la falta de acción para cumplir órdenes de desalojo donde se evidencia “falta de articulación interinstitucional”.

“El sentimiento es de impotencia al observar cómo pasan los años y no se ejecutan los desalojos autorizados por juez competente, no se coordinan las instituciones y solo se señalan unos a otros”, manifestó.

Afirmó que el problema no es solo del propietario, sino que el impacto llega a toda la población, al evidenciar pérdidas de empleo y de rentabilidad por el freno a la producción.

Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif, señaló que existe un subregistro de casos porque la desaparecida Secretaría de Asuntos Agrarios —cesada en funciones en 2020—, registró que al 2018 existían cerca de 60 mil hectáreas de tierra ocupadas de forma irregular y, en promedio, reportaban unos 240 conflictos anuales derivados de esas ocupaciones.

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Sellan alianzas

La iniciativa se presentó de manera oficial ayer y cuenta con el respaldo institucional del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Además, tiene como objetivo promover el respeto al derecho humano a la propiedad en Guatemala mediante el monitoreo, sistematización y comunicación sobre los casos de violaciones a los derechos de propiedad, utilizando fuentes de información oficial que permitan transparentar y coadyuvar el actuar de la institucionalidad pública a cargo de garantizar estos derechos.

Acuerdos de cooperación con el Ministerio Público (MP), el Centro de Defensa a la Constitución (Cedecón), el Registro General de la Propiedad, y el Segundo Registro de la Propiedad fueron parte del anuncio inicial del observatorio.

Consuelo Porras, fiscal general del MP, reiteró el compromiso de combatir todos los delitos que afectan a la ciudadanía, y volvió a ofrecer la creación de una fiscalía especializada para atender esos casos.

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Entrevista

 “Es necesario hacer un diagnóstico de los casos”

José Fernando Orellana Wer, coordinador de comunicación del Observatorio de los Derechos de Propiedad, habló con Prensa Libre.

¿El observatorio recibirá denuncias de casos de violación a la propiedad privada?

Correcto, para poder armar la base de datos se recibirán denuncias de toda persona que considere se hayan vulnerado sus derechos a la propiedad privada, sea o no socio de Cacif.

¿Cuál es el objetivo de recibir las denuncias?

Las denuncias se recibirán en la página web: observatoriopropiedad.org/denuncia/, donde la persona afectada podrá llenar un formulario y colocar todos los datos que se solicitan, incluso, el número de denuncia ante el MP u otros órganos competentes.

El objetivo es poder evaluar cada caso, hacer un diagnóstico para determinar el tipo de delito, luego acercarse con la persona y preguntarle si necesita acompañamiento y poder coordinar cualquier gestión ante las instituciones que firmaron los convenios.

El reto es la trazabilidad de los datos, porque debemos determinar en qué fase se encuentra el caso y poder ir actualizando la base de datos.

¿Esto significa que no se cuenta con información unificada?

En Guatemala no existe un lugar en donde estén unificados estos casos, la misma Fiscal General reconoció que no se ha creado una fiscalía especializada. También existen otros esfuerzos independientes, pero la información no está integrada en un mismo lugar.

¿Por qué consideran que la información que traslada el MP no está completa?

El MP trasladó y compartió cuántas denuncias al año se generan, pero no sabemos cuántos de esos casos se han cerrado y la intención es que, al hacer el diagnóstico de casos, poder generar un portal estadístico que refleje no solo el número de denuncias, sino que la fase en la que se encuentran, por ejemplo, si está en fase preparatoria, intermedia o en sentencia, hoy no se cuenta con esa información.

¿Cómo se encuentra el país a nivel internacional en el tema de derecho a la propiedad?

Guatemala ocupa el puesto número 89 de 129 en materia del Índice de Derechos de Propiedad calculado por la Property Rights Alliance con una calificación de 4.966 y un puesto número 13 a nivel latinoamericano y el Caribe.

Esa posición no envía un buen mensaje, por lo tanto, es importante que con los datos que genere el observatorio lo puedan tomar en cuenta entidades internacionales como la Property Rights Alliance como una base confiable y fehaciente de datos y poder medir de mejor manera la posición del país.