También algunos pobladores de El Estor y otras comunidades aledañas se presentaron con pancartas en apoyo a la mina que debió suspender sus operaciones de manera provisional.

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La licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, ubicada en El Estor, Izabal, es propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), también conocida como Pronico.

El amparo provisional que otorgó la CC a la Gremial de Pescadores de El Estor revoca la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el 7 de marzo de 2018, y se mantendrá vigente hasta que se emite una resolución definitiva.

El Ministerio de Energía y Minas otorgó la licencia número 1208 el 17 de abril de 2016.

En la acción presentada, los comunitarios expusieron que al otorgar la referida licencia se violentó el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de los municipios de Senahú, Cahabón y Panzós del departamento de Alta Verapaz y de El Estor, en Izabal.

Los 50 líderes y líderesas que presentaron el amparo a manera personal mencionaron que vulneraron sus derechos de consulta previa, participación, otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado, así como el principio de protección a los grupos étnicos.

“No representan a todos”

Mynor Álvarez, representante de CGN afirmó que la compañía es respetuosa de las leyes guatemaltecas y decidieron acompañar a los colaboradores en la manifestación con el objetivo de que prevalezca la paz y que la inconformidad no interrumpa la libre locomoción de las personas.

Álvarez agregó que están a la espera de la próxima audiencia (jueves 25 de julio) en la CC para poder revocar dicho amparo y esperan que continúe el funcionamiento de la minera.

Santos Boj Coc, representante de las comunidades que trabajan con la empresa en El Estor, Izabal comentó que están sorprendidos con la resolución de la CC y afirmó que los 50 líderes que presentaron el amparo no representan a los más de 3 mil trabajadores que laboran en la mina.

Boj explicó que solicitaron una audiencia a los magistrados de la CC, pero hasta el momento no habían sido atendidos, de lo contrario regresarán el próximo jueves para presenciar la vista pública.

Rafael Maldonado, abogado que representa a los líderes comunitarios afirmó que efectivamente los 50 líderes no pueden representar a todos, porque no existe nadie que represente al 100% de la población, pero cuando se da una violación a los derechos humanos siempre habrán actores a favor y en contra.

“Algunas personas apoyan la operación de la empresa, pero me atrevería a asegurar que otro grueso de la población no lo está, casi un 50%, especialmente en el caso de El Estor, los pobladores están en contra”, expresó el profesional del derecho.

Maldonado enfatizó que quienes decidieron ejercer ese derecho que otorga la Constitución Política de la República Guatemala y la Ley de Amparo, lo llevaron a cabo en el orden correspondiente, primero se acudió a la Corte Suprema de Justicia y luego a la CC.

Proyecciones truncadas

Según datos de la Gremial de Industrias Extractivas adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala con el cierre de la Minera Fénix, (luego del cierre de Minera San Rafael y el retiro de la Mina Marlin), solo quedan las empresas nacionales que explotan materiales de construcción, lo cual significa unos Q200 millones para el país.

De acuerdo con información de la CGN, subsidiaria de Solway Investment Group, el plan de desarrollo del proyecto Fénix contempla 3 fases, y en los primeros 18 meses de operación se tenía previsto alcanzar una producción de 35 mil toneladas anuales de ferroníquel (12 mil toneladas de níquel).

Después de 30 meses, la producción llegaría a 75 mil toneladas, y para el cuarto/quinto año de operaciones la cifra sería de 150 mil.

Asimismo, refiere que el yacimiento de ferroníquel se ubica entre los 10 más ricos y puros del mundo, el cual coloca a Guatemala en la mira de los productores internacionales. Esta compañía estima que la inversión durante todas las fases será de US $1 mil 500 millones.

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