La expectativa es que el contrato pueda ser conocido en este periodo legislativo, ya que se trata del primer proyecto bajo el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP), con una inversión estimada en US$125 millones -unos Q962 millones-, por parte del Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), que es la empresa ganadora del concurso público.
¿Cuál es el estatus del proceso?
Estamos trabajando con el equipo de legisladores y nos hemos reunido con algunos líderes de bancadas, tratando incluso de sensibilizar el proceso.
Como consorcio, estamos en intercambio con los interlocutores y hemos tratado de mantener los canales de comunicación y la solución de dudas sobre lo que representa el proyecto. Al final del día, no hablamos de este proyecto en particular, sino de una estrategia de país.
¿Qué inquietudes han encontrado?
Diría que existen distintas respuestas en varios sentidos, pero sobre todo, sociales y de índole económica que hemos tratado de sensibilizar de la manera más precisa, como la definición del canon y lo que representa el empuje económico de la obra.
Algunos otros temas son de índole de ejecución y la parte técnica. Estamos en la mejor disposición, como concesionaria, y hay que recordar que este contrato ya está definido por el Ministerio de Comunicaciones, pero generaremos los canales de comunicación entre la concesionaria y esta cartera para entender las demandas de los participantes en la ejecución del proyecto.
En algún momento, se comprendió que era un recapeo, pero es un proyecto que tiene altas especificaciones y una inversión de US$125 millones que transmite ese riesgo privado, ya que la empresa asume los compromisos contractuales.
Entonces, hay que comprender ese tema, y que vean que no es un recapeo, sino un proyecto donde habrá distribuidores viales y una autopista con ese monto de inversión.
¿Cómo evalúan ese retraso y qué viene?
Entendemos claramente que este tipo de procesos conlleva distintos tiempos de discusión y apreciación. Y más, en un ámbito legislativo donde existen distintas bancadas con sensibilidades. Su aprobación sería una señal importante que envía el Legislativo, por lo que el proyecto implica. Diría que hay dudas, pero algunas bancadas entienden el proceso y lo apoyan; otras muestran un apoyo parcial y creemos que al tener un contacto directo o aclarando los contextos, podríamos tener el voto favorable.
Hay bancadas que tienen complicada su propia estructura partidista, pero siempre entendemos que hay pesos y contrapesos. Es parte de nuestros retos, como concesionaria, poder alinear el tema en un plan estratégico de país.
¿Qué esperaría el consorcio?
El consorcio está animado con esta ventana legislativa y entendemos que el tema de Salud está muy presente y ha generado un contexto de agenda legislativa.
Creemos que ahora existe un espacio (de aquí a diciembre) en las sesiones ordinarias, en el que como consorcio, nos gustaría que el Legislativo tome una decisión sobre el proceso y podamos seguir adelante.
¿Hay optimismo?
Si y esperaríamos que se tome esa premisa con la seriedad adecuada por lo que representa. Que se defina el tema, sobre todo por los años en los que hemos estado presentes. Como consorcio internacional entendemos las dificultades y el lento proceso en este tipo de compromisos.
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¿Qué puede ocurrir si no se avanza?
Sería muy decepcionante, porque creemos que los espacios políticos cambiarán a medida que avance esta administración, así como los pesos específicos del propio actuar de la agenda legislativa. Veremos lo que puede suceder en el primer semestre del 2022, y tomar las decisiones adecuadas, según lo que permite el marco jurídico de la ley de las APP.
¿Serán tiempos decisivos?
Así es. Y mucho dependerá de lo que se defina en los próximos meses.
