La evaluación concluye que “la seguridad sigue siendo un problema estratégico por resolver”, además de señalar el manejo inadecuado de la conflictividad social a través de exceso en el uso de la fuerza pública.
El análisis, efectuado por académicos y organizaciones de la sociedad civil, también indica que el Gobierno ha tomado una línea “promilitar y proempresarial”.