Los exponentes destacaron que la fiscalía Contra Delitos Administrativos se encarga de investigar la conducta administrativa de funcionarios y empleados públicos.
En 2020 según el informe se recibieron 2 mil 546 denuncias; 2 mil 645 en 2021; 1 mil 830 en 2022 y 1 mil 218 en 2023.
“Si bien la ciudadanía presenta denuncias, la falta de confianza hacia el MP ha incidido en que bajen las mismas desde ese año”, dijo Luis Compá, coordinador de la Red Nacional de Colectivos Ciudadanos.
Destacó que desde el año 2020 esa fiscalía recibió 8 mil 239 casos y la disminución se evidencia entre 2022 y 2023 que corresponde a 1 mil 400 denuncias menos respecto a 2021.
En el informe también destacaron que en 2020 en esa fiscalía de desestimaron 1 mil 893 casos, que representaron el 70%, en 2021 se desestimaron 2 mil 77 que significaron el 79%, en 2022 , 1 mil 230 que equivalen al 67% y en 2023, 713 que representan el 59%.
“El MP lo que hace es desestimar los casos de manera sistematica y así simular que tiene una alto porcentaje en resolución de casos”, acotó Compá.
Añadió que entre los 8 mil 239 casos que recibió esa fiscalía únicamente el 15% están en proceso de investigación según el reporte del MP, aunque según él, queda en duda si en realidad se realizan las investigaciones.
En cuanto a la fiscalía Contra la Corrupción, en 2020 se desestimaron 883 denuncias, en 2021 fueron 980, 727 en 2022 y 309 en 2023, según el informe presentado, lo que según los exponentes se debe a la falta de investigación por parte del MP y no a la resolución efectiva de más casos.
“Se ha visto una tendencia de que de que la población piensa que se persigue a quienes denuncian y no a los denunciados”, afirmó Compá.
Cifras disfrazadas
Para el analista de Acción Ciudadana, Eddy Cux, el patrón sugiere que el MP no cumple su mandato y aumenta el porcentaje de casos cerrados.
“El MP sale diciendo que hay un 98 por ciento de efectividad, pero se debe a que cierran los casos sin hacer diligencias. El MP ha cerrado varios casos y un juez ha determinado que deben ser investigados”, señaló.
Cux afirmó que de 90 denuncias que Acción Ciudadana interpuso en el MP, 24 fueron desestimadas en los últimos dos años.
Entre esta se encuentra las denuncias presentadas en contra de los exministros de Salud Amelia Flores y Hugo Monrroy, por la compra irregular de vacunas Sputnik, para prevenir el covid-19.
“El MP determinó que no había nada que investigar a pesar de que el contrato fue declarado de forma confidencial”, apuntó.
También mencionó el caso del partido Semilla, cuando la junta directiva del Congreso desconoció a la bancada y los declaró independientes sin haber recibido el informe oficial.
Una de las denuncias está relacionada a la compra irregular de galletas mejoradas que hizo el ministerio de Desarrollo Social por Q15 millones.
“El Incap determinó que no tenían los nutrientes necesarios y aunque no se concretó la compra sí existe el fraude porque hay personas involucradas en el contrato, el juez determinó que debía seguir la investigación pero el MP volvió a cerrar el caso argumentando que no hubo extracción de dinero, esa compra solo generó impunidad”, sostiene.
Cux destacó que se presentaron denuncias por compra de votos durante las elecciones pasadas, como en el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en el que hay pruebas como los cupones para canje de víveres que se regalaron en los alrededores de los centros de votación durante la segunda vuelta electoral.
“Este informe revela la deficiencia del MP en la persecución de casos de corrupción. La desestimación de casos genera preocupación porque cerrar expedientes sin investigación puede ser por imparcialidad. El MP no procura conocer la verdad de los hechos”, sentenció.
Exhibición personal
Cux informó que presentaron una segunda exhibición personal a favor de la fiscal general, María Consuelo Porras para saber dónde se encuentra y verificar si cuenta con las garantías necesarias para continuar al frente del MP.
“Por ahora desconocemos la legitimidad de los fiscales. Hay procedimientos que dicen que si la fiscal no está por estar fuera del país o por estar enferma, debe nombrar a un sustituto que debe ser un fiscal regional, distrital o de sección de más antiguedad”, explicó.
Se solicitó una opinión al Ministerio Público sobre las conclusiones del informe. Sin embargo, indicaron que analisaban el tema para enviar una postura.
