Según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida, el 53.71 por ciento de la población se encuentra en pobreza, y el 13.33 por ciento, en pobreza extrema.
El futuro presidente, Otto Pérez Molina, coincidió con otros protagonistas de aquel acontecimiento en que el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria es uno de los que menos avances presenta.
Estudios de la Secretaría de Asuntos Agrarios confirman ese rezago y establecen que la conflictividad agraria abarca a más de un millón de personas.
Además del cese de hostilidades, el alcance de esos convenios comprende cambios profundos en la sociedad.
El sociólogo Edelberto Torres-Rivas, en su estudio Guatemala: desarrollo, democracia y los acuerdos de paz, plantea que estos constituyeron un pacto propuesto a la sociedad para democratizarla y, en consecuencia, modernizarla.
Torres-Rivas señala que se negoció en esos convenios “el futuro desarrollo económico, social y político del país”.
Una agenda de nación
Para un grupo tan heterogéneo de actores de la política nacional como Pérez Molina, un general retirado; el excomandante guerrillero Pablo Monsanto —Jorge Ismael Soto—; el ex vicepresidente Eduardo Stein y la primera secretaria de la Paz, Raquel Zelaya, esos convenios aún constituyen el marco para el desarrollo del país.
Para Stein, quien fue canciller en la administración de Álvaro Arzú, en cuyo primer año de gestión se firmó la paz, el eje transversal de los convenios pretendía atender los orígenes del conflicto, que se prolongó por 36 años.
Zelaya señaló que los acuerdos no buscaban nada semejante a una “reforma agraria”, sino crear condiciones que propiciaran cambios como la democratización del crédito en el área rural; por ejemplo, con la transformación de Bandesa en Banrural.
El secretario de la Paz, Eddy Armas, admitió que el Fondo de Tierras (Fontierras) no ha dado respuesta a ese problema, ya que solo responde a una economía de mercado que encarece el precio de la tierra.
La creación del Registro de Información Catastral, para reducir los conflictos por linderos y límites, así como Fontierras, buscaban paliar esas carencias, aspecto enturbiado por los señalamientos de corrupción contra el segundo ente, comentó Zelaya.
En materia de gasto social, los compromisos implícitos en los acuerdos apuntan a un incremento en la recaudación fiscal, con meta del 12 por ciento del producto interno bruto, que aún no se cumple.
Stein apuntó que la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la negociación del Pacto Fiscal al final de la administración de Óscar Berger pretendían cumplir ese propósito.
Sin embargo, la perspectiva de una nueva fiscalización, más transparente y con atención a la calidad del gasto, se ha visto postergada por cada gobierno.
Según Stein, los avances han sido parciales, “pero no suficientes. Esperamos que el nuevo gobierno retome el Pacto Fiscal y asuma la responsabilidad de promover los cambios que eso conlleva”.
Oportunidad truncada
La victoria del “no” en la consulta popular de 1999 fue, según protagonistas de la Firma, uno de los lastres para la consecución de diversos aspectos de los compromisos de paz.
Se truncaron reformas como el reconocimiento constitucional de Guatemala como país multiétnico y pluricultural, así como cambios al régimen electoral y la función del Ejército en la sociedad, lo que a criterio de Stein, fue porque el sistema político se autoprotegió para preservar algunos de sus vicios.
“La mayoría de las personas conscientes ven ahora, 15 años después de la firma de la paz y a 12 de la consulta popular, que Guatemala necesita una modernización y una reforma profunda de su sistema político”, agregó Stein.
Avances y retos
Un punto destacado por los analistas es la irreversibilidad de diversos aspectos de los acuerdos en la sociedad. En el discurso político, temas como la equidad de género y los derechos de los pueblos indígenas, el incremento en el gasto social y el respeto a los derechos humanos, son irrenunciables.
“En el contexto de los acuerdos, nadie puede decir que esta es una sociedad igual; hay avances en términos de participación de mujeres, indígenas, y en que ya no sea política de Estado la violación de los derechos humanos”, afirmó Zelaya.
La participación ciudadana, por medio de los consejos de Desarrollo y del poder local es mayor, según Armas.
Sin embargo, estos logros se ven superados por el alcance de nuevos desafíos. “El principal enemigo para no prosperar es la cortina de impunidad que cubre la acción de los ciudadanos”, indicó Zelaya.
Los nuevos factores son, según Stein, la globalización acelerada, que hace crecer la interdependencia, y el crimen organizado, el cual permea distintos sectores de la sociedad.
La creación de la Policía Nacional Civil, en 1997, es vista como un avance que no ha sido capitalizado, por los problemas de corrupción, mientras en el sector justicia la impunidad figura como un reto importante.
Los procesos penales derivados de la guerra son, para Armas, una oportunidad para saldar las heridas del conflicto, según las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, mientras que Stein señaló que en ellos existe un riesgo que puede propiciar la polarización social.
