Sin embargo, 15 años después, esas expectativas se han transformado en frustración, dolor e incertidumbre, ya que siguen en ascenso la pobreza, el desempleo, la discriminación y la inseguridad, afirmó.
El alcalde indígena de Sololá, Antonio Mendoza Tun, expuso que los acuerdos promueven el derecho a la vida, la identidad de los pueblos indígenas y la transformación de la situación socioeconómica hacia una sociedad más incluyente, equitativa, multiétnica y pluricultural. No obstante, considera que el Estado no los implementa integralmente en sus políticas de desarrollo.
Añadió que, pese a que se creó el Programa Nacional de Resarcimiento, este no ha incluido en su totalidad a las víctimas, debido a que está sujeto a la manipulación del gobierno de turno. “Recientemente le redujeron el presupuesto, y sus proyectos no benefician a las verdaderas víctimas. En épocas electorales se usa con fines políticos”, enfatizó.
Santos Mendoza, de la Defensoría Indígena, dijo que la violencia contra la población rural ha ido en aumento. “Registramos más de 400 denuncias anuales, que trasladamos a los tribunales, pero estos no resuelven”, informó.
Incumplimiento
Juan Pérez Cedillo, de la asociación de víctimas del conflicto armado maya kakchiquel Asoq’anil, en Chimaltenango, criticó que el 87 por ciento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CIH) no se han alcanzado y se ha incumplido con el resarcimiento de los daños, los derechos de los pueblos indígenas y la educación con pertinencia cultural.
Gerardo Cuxil Citán, miembro de Asoq’anil, comentó que en el tema indígena no se han cumplido más de 10 ejes, como la recuperación de centros ceremoniales, el reconocimiento de los idiomas mayas, la reforma al uso y tenencia de las tierras y el desarrollo rural.
“Aunque se crearon instituciones para que acompañaran y verificaran el cumplimiento de los acuerdos, de 12 comisiones paritarias dejarán de funcionar 11, debido a la falta de recursos.
César García Salán, de la mesa de concertación de Chimaltenango, considera que ha habido poco interés de las autoridades en cumplir lo acordado, por lo que la ayuda internacional dejará de fluir.
Lolita Chávez Ixcaquic, del Consejo del Pueblo K’iche’, en Quiché, refirió que los acuerdos no solo no se cumplen, sino se contradicen.
Detalló que gran parte de la población fue víctima de ataques atroces perpetrados por el Ejército, por lo que se redujo esta institución, pero ahora el número de militares se ha incrementado y se teme que sea reinstalada y abran nuevos comandos castrenses en ese departamento.
