El 25 de febrero del 2013 apareció en el sistema de Guatecompras la licitación pública para ofrecer el servicio de alimentación en Presidios, pero el 14 de mayo, el SP modificó las bases. La presentación de ofertas se prolongó hasta el 9 de agosto y las condiciones se cambiaron varias veces.
El costo pasó a ser el principal requisito para calificar en la licitación y Sinusa, S.A. ofreció el más bajo.
El numeral 23 de esas bases, que se refiere a la calificación de ofertas, establece que se asignarán cien puntos al oferente que ofrezca el precio más bajo por renglón o centro de detención.
Las bases nunca incluyeron una modificación de los montos, todo lo contrario. En el numeral 19 se especifica que “para la integración de sus precios los oferentes deben tomar en consideración todos los costos de producción, transporte y entrega”. No obstante, el 16 de enero último, en Guatecompras fue publicado el contrato de Sinusa, S.A. con una cláusula adicional: la de la fluctuación de precios.
Esa formalidad permite a la empresa, con previa autorización del Mingob, modificar el costo de las comidas.
En el modelo original la cláusula sexta se refiere a la terminación anticipada de contrato.
La inconformidad presentada en Guatecompras por la empresa Fumarolas, S.A. rebate: “El valor ofertado se planteó para ganar la adjudicación con el menor precio y posteriormente incrementar el precio mediante simulaciones, o mediante actos legales que, ad hoc, cambian los supuestos que se quieren eludir, entiéndase el conjunto de los documentos de licitación”.
Alejandro Permüller, gerente de Aliprinsa, empresa que quedó fuera del evento, coincide en que existieron irregularidades en el concurso.
El Mingob se respalda legalmente en que las fluctuaciones de precios están consideradas en la Ley de Compras y Contrataciones.
Luis Bolaños, de Sinusa, S. A., defiende que hicieron la solicitud para modificar los costos amparados en el derecho de petición.
“Todo está de acuerdo a lo que dice la Ley de Compras y Contrataciones, es una salvaguarda que utilizaríamos en función de cómo caminaría la situación”, refirió
Afirmó: “Los otros oferentes alegaron que no fueron competitivos, pero fue por ignorancia de la ley. El precio no se ha cambiado”.
El costo de Q10.95 es adecuado para los requerimientos de las bases de licitación, pero no se incluyeron costos de empaque.
“El problema es que los reos están acostumbrados a raciones mayores que no pueden cubrirse con el costo actual”, explicó.
El empresario aseguró que el personal ha sido “extorsionado” y advertido de que podría ser tomado como rehén y de atentados contra los camiones repartidores.
Otra perspectiva
La fluctuación está incluida en la Ley de Compras y Contrataciones, pero generalmente se aplica a obra gris, explicó Wálter Figueroa, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Esa variación —a la obra gris— está incluida desde que se contrata hasta que se termina, cinco años después, pues en estos casos sí puede haber modificaciones significativas que afecten el presupuesto inicial y está previsto en el Ministerio de Comunicaciones para todas las empresas. A eso se le llama sobrecostos, indicó Figueroa.
A excepción del último año de gobierno de Vinicio Cerezo, los precios se han mantenido relativamente estables. El Banco de Guatemala prevé que la inflación estará alrededor del 4 por ciento y no sobrepasará ese monto, dicen expertos.
Estas anomalías ocurren en un sistema que recibe cada vez más detenidos y menos presupuesto en términos reales, refirió Gary Estrada, coordinador del Programa de Personas Privadas de Libertad, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
CONTRATO
Otras discrepancias
Luis Caballeros, otro de los proveedores que ofertaron para el Sistema Penitenciario, dijo que cuando se autorizó la exhibición documental autorizada por la Oficina de Acceso a Información Pública del Mingob pudo demostrarse que la licencia sanitaria fue expedida cuatro meses después de la fecha de recepción de ofertas, con fecha 6 de diciembre del 2013.
GOBERNACIÓN
ModificaciónModificación está en ley
Vernon Ayala, asesor del Ministerio de Gobernación, explicó que las otras empresas participantes en el concurso de alimentos para las cárceles no pidieron la inclusión de la cláusula que modifica los precios.
“La ley permite hacer ajustes de precios, pero da las pautas”, indicó.
“Un proveedor puede hacer ajustes cuando los precios en el mercado han variado, esa es la principal razón”, refirió.
“Cuando son contratos cortos no los toman en cuenta, pero en este caso, que es de 24 meses, sí se puede, siempre y cuando se compruebe el aumento”, aclaró el asesor.
Reconoció que Sinusa hizo la solicitud. La ley le permite a cualquiera hacer ajustes de precios aunque no esté en el contrato.
El artículo 3 del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado reconoce y deducirá el monto de las fluctuaciones de precios sobre la base de los que figuren en la oferta. La ley prevé los métodos de cálculo de fórmulas y comparación de precios.
PRECIOS
Contrato por alimentos modificado
Q100 millones otorgados a Sinusa.
24 meses dura compromiso firmado por la empresa.
