Hay noticias que son recurrentes y estacionales, como el caso de los cobros “abusivos” por parte de colegios, que suelen aparecer en los primeros dos o tres meses del año. Padres de familia se quejan de colegios que suben las cuotas o matrículas, o los “obligan” a contratar el servicio de transporte, comprar uniformes, libros y materiales, pagar cursos de computación, excursiones, deporte y un largo etcétera. Hay quejas en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), el Ministerio de Educación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y los medios de comunicación. Según un reportaje de PL, al 1 de febrero, la Diaco habría recibido 111 denuncias sobre este tema, comparado con 300 en el 2015 y trabaja en 50 resoluciones sancionatorias relacionadas con cobros “anómalos”.

Sí, cae mal y duele al bolsillo que aumenten las cuotas y matrículas, pero los remedios pueden ser peores que la enfermedad. El sentir es que hay abusos, sin embargo la mayoría de casos no son tal cosa. Los padres de familia y estudiantes tienen otras opciones; pueden cambiarse a otro colegio y especialmente, pueden optar por la educación “gratuita” que brinda el Gobierno. Pongo gratuita entre comillas, porque en realidad no es gratis para la sociedad y los contribuyentes, aun cuando pueda parecerlo para los usuarios. Como la mayoría de las cosas que son “gratis” —véase la gratuidad en el sistema de salud pública—, la educación gratuita no tiene la calidad que muchos quisieran y por eso los padres de familia que pueden hacerlo optan por un colegio o instituto privado. De hecho, el costo/hora/estudiante en el sistema de educación pública es alto, pero se diluye entre los contribuyentes de tal manera que no se percibe el verdadero costo para quienes hacen uso de él.

Los padres de familia y estudiantes no están “obligados” a pagar y asistir a un colegio privado, como tampoco se les obliga a pagar cuotas, matrículas y otros gastos. Es una transacción voluntaria, dadas las alternativas. También es cierto que quienes optan por la educación privada ya están pagando la educación pública con sus impuestos y quizás este doble pago es el que merece atención.

Es común la opinión de que la educación no debe verse como un negocio, por motivos éticos, y surgen frases que califican a los colegios como “traficantes de la educación de la niñez”, como si fuera una actividad deshonesta. ¿En dónde estaría Guatemala sin la opción de la educación privada? Viva la libertad de ofrecer, por lucro, idealismo o lo que sea, porque atrás viene la competencia y más oferta. Cualquiera puede estar en desacuerdo con que se lucre con servicios educativos. Puede optar por la educación pública gratuita, enviar a sus hijos a un establecimiento que no lucra, encargarse personalmente de la educación de sus hijos, educarlos “por internet” e incluso ponerse de acuerdo con otros padres de familia para establecer un centro educativo que no lucre ni haga cobros abusivos. Lo que no procede es usar el poder coercitivo del Estado para coartar a los demás.

Entre más importante y vital sea un bien o servicio para la sociedad, en esa misma medida son vitales la competencia —libertad de entrada y salida al mercado— y el lucro. La excesiva reglamentación, regulación, licencias, inspecciones, requisitos e intervención tienden a inhibir la competencia y disminuir la calidad. Lo que hagan la Diaco y PDH no va a poner un solo grano de arena para mejorar la calidad y cobertura educativa en el país. ¿Cómo fomentar la competencia y subir la calidad pública y privada? Quizás con el cheque educativo.

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