Según Farfán, un grupo de militares lanzó a las víctimas en un pozo de 2.20 metros. “Primero fueron los niños; muchos aún estaban vivos”, relató.
Recordó que sobre esa masacre hay sentencia de seis mil 60 años contra cuatro exkaibiles, por la muerte de 201 personas.
Colom también escuchó a Fernando Arriaga, quien comentó: “Yo sobreviví a la masacre en Dos Erres. Perdí a siete hermanos y a mi papá. Desde ese tiempo he tenido que sufrir graves consecuencias”.
Agregó: “La ilusión de nuestros padres de tener un pedacito de tierra para darle de comer a sus hijos fue totalmente truncada, porque a un grupo responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos se le ocurrió culparnos de colaborar con la guerrilla, y ordenó que la comunidad fuera arrasada”.
Arriaga también se expresó sobre quienes ejecutaron y ordenaron el hecho: “No es justo que los responsables de este crimen estén libres, que solo unos cuantos estén en la cárcel. Son más los culpables que ordenaron la matanza”.
Debe ser patrimonio
Familiares de las víctimas también se refirieron a la propiedad de la tierra donde ocurrió la masacre, la cual es utilizada para el pastoreo.
“No estamos de acuerdo con que las tierras donde ocurrió la masacre estén en manos de terratenientes, porque las compraron con centavitos y aprovecharon que la gente necesitaba irse; debería de ser patrimonio de las familias sobrevivientes”, manifestó Arriaga, en representación del grupo.
“Pido al Estado que —las tierras— sean devueltas, porque están bañadas con el sudor de nuestros padres, que ahora cumplen 29 años de haber desaparecido de la faz de la Tierra”, insistió.
Reconocimiento
Ruth del Valle, de la Comisión Presidencial en Materia de Derechos Humanos, comentó que este fue el segundo de tres actos de reconocimiento público que debe hacer el Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado guatemalteco por esa causa.
La decisión fue notificada en diciembre del 2009, y contiene 309 argumentos y 19 puntos resolutivos.
