El ex gobernante es acusado por el Ministerio Público guatemalteco de apropiación de fondos públicos (peculado).

Se le señala de haber transferido Q120 millones del presupuesto general de la Nación a las arcas del Ministerio de la Defensa en 2002. Al final, ese dinero fue a parar a cuentas de particulares.

Portillo logró, la segunda semana de noviembre, que la justicia mexicana suspendiera en forma definitiva una orden de captura que pesaba en su contra.

Contra la prensa

Aunque al principio no quiso hacer ningún comentario a la Prensa, al salir del Palacio de Justicia de la capital azteca la emprendió contra los medios de comunicación escritos.

Además, el ex mandatario hizo énfasis en su rechazo contra la justicia nacional, con la justificación de que es inocente de los hechos de que lo acusan.

En un voto libre promovido por Prensa Libre, un 88 por ciento de los participantes (cuatro mil 597) opina que Portillo es culpable, contra un 12 por ciento (598), que lo considera inocente.

Para las partes involucradas en los procesos iniciados en contra del ex gobernante, es indispensable que la justicia del país lo procese y sentencie, en el marco de un debido proceso y derecho de defensa.

En Guatemala

El procurador general de la Nación, Roberto Molina, dijo que a Portillo se le persigue por hechos de corrupción que debería desvanecer ante las autoridades guatemaltecas.

Irónicamente, Portillo se refugia en la justicia mexicana, de cuya imparcialidad dudó en 1982, cuando dio muerte a dos personas en Chilpancingo, Guerrero.