Con solamente dos votos razonados y cinco totalmente a favor, la CC indicó que la tabla de gradación violenta el artículo 113 de la Constitución de la República.
Fue precisamente ese artículo y el 237 de la Carta Magna los que el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad el 7 de mayo último, expuso que contravenían la tabla de calificaciones utilizada en los procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de Apelaciones en el 2009 y de los dos últimos de fiscal general.
Argumentos
El penúltimo párrafo del artículo 12 establece una tabla de calificación hasta cien puntos dividida en cuatro aspectos: méritos académicos, méritos profesionales, méritos éticos y méritos de proyección humana que todo candidato debe aprobar.
La norma refiere que esta es la que se utilizará para elaborar la nómina de candidatos, pero a juicio de los magistrados el uso de esa escala de puntuación vulnera el principio de igualdad y de honorabilidad, ya que se han hecho calificaciones subjetivas de muchos candidatos.
Según Carrillo Marroquín, a quien la CC le ha dado la razón provisionalmente, el artículo 113 de la Constitución establece que para optar a un cargo público solo se requiere capacidad, idoneidad y honradez.
La Corte concuerda con que estos son valores que no pueden recibir punteo.
La decisión de los magistrados potenciará la discrecionalidad de los postuladores, la cual fue cuestionada por observadores del proceso anterior de elección de fiscal general.
Si una baja calificación atenta contra la honorabilidad de un candidato, entonces se abrirá el camino para que en el futuro se argumente que también las tachas incluidas en la ley atentan contra ese principio y se origine la presentación de una nueva inconstitucionalidad, expresó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia.
“El objetivo de la inconstitucionalidad, a mi juicio, no era eliminar la tabla de calificación”, explicó el politólogo Renzo Rosal.
Con esta suspensión la CC genera la posibilidad de discrecionalidad en un proceso en que el número de postuladores, candidatos y juego de intereses es mayor, como son las elecciones de magistrados de Apelaciones y de la CSJ, afirmó.
No es una acción aislada
La acción de inconstitucionalidad que suspendió provisionalmente la tabla de calificación se presentó hace dos semanas y la CC guardó silencio.
Los magistrados del máximo tribunal que vela por el orden constitucional esperaron a que el presidente hiciera el anuncio de la nueva fiscal general, Thelma Aldana, y siguieron sin pronunciarse. Esta semana el Congreso, en una acción que no es aislada, aprobó un punto en el que niega el genocidio.
Todas estas acciones, a juicio de Rosal, van encadenadas hacia un fin “que es el aprovechamiento de las postuladoras para nombrar magistrados afines”.
“No son hechos aislados, es parte de un pacto de impunidad que había de completarse con la designación de magistrados de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Iduvina Hernández, integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos.
“El ente llamado a defender la Constitución es el principal instrumento de la instalación de una dictadura disfrazada de democracia”, aseguró al referirse a la CC.
Incertidumbre
¿Qué calificar? ¿Cuáles instrumentos utilizar? ¿Con qué parámetros escoger a los aspirantes? Ni siquiera los decanos que integran la postuladora tienen una respuesta certera.
Avidán Ortiz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reconoce las críticas que se hicieron sobre el uso de la tabla de calificación al desechar a candidatos con altos punteos en el último proceso de fiscal general. No obstante, indicó que, a pesar de sus falencias, la tabla permitía establecer un orden de votación.
Fredy Cabrera, decano de la Universidad da Vinci, se aferra al concepto de utilizar la tabla numérica. “Tendríamos que discutir los nuevos criterios luego de esta suspensión”, expuso.
En este escenario el Congreso celebró ayer su última sesión ordinaria. No pudo elegir al sustituto de Aldana, quien presentó su renuncia a partir del 15 de mayo, confirmaron magistrados de CSJ.
Para reemplazar a Aldana se menciona el nombre de la exmagistrada de Apelaciones Jaqueline España.
Trascendió que el lunes 19 de mayo la CSJ tenía previsto designar a los magistrados que integrarán la postuladora, pero de no hacerlo el Congreso podría convocar a una sesión extraordinaria y designar a España como sustituta de Aldana.
Próximos procesos
La tabla de gradación suspendida y que estaba prevista en la Ley de Comisiones de Postulación aplicaba para la selección de magistrados de las cortes y la elección del nuevo contralor general.
Junio
Magistrados de salas de Apelaciones
El proceso comenzó desde que el Congreso convocó en abril. Actualmente se encuentra en fase de designación de magistrados, abogados y dos rectores que la integrarán.
Junio
Magistrados de Corte Suprema de Justicia
Entre los nombres para seleccionar a los rectores se menciona a Félix Serrano, de la Universidad Mesoamericana, y Roberto Moreno, de la Universidad del Valle.
Octubre
Contraloría General de Cuentas
El nuevo contralor general debe tomar posesión en octubre. Es electo por diputados al Congreso de la República.
ANÁLISIS
Confusión
“Habría que analizar la resolución, leerla despacio. Pero si la ley dice que debe ser con valores numéricos, la verdad es muy difícil”, expuso Rubén Calderón, decano de la Universidad Mesoamericana.
“No sé con qué criterios va a ordenarse la nómina, cómo integrarla, porque toda la ley estaba basada en ello. Se toma de mayor a menor calificación”, enfatizó.
Legislación
Ley sin dientes
“El artículo 12 es la base fundamental de la ley, es donde se resume la tabla de gradación para verificar méritos éticos, académicos, de participación en organizaciones y donde se verifica que no tengan tachas en el Tribunal de Honor, que no sea contratista del Estado. Es la médula de la ley, uno de los más discutidos, y nos llevó muchísimas semanas lograr los consensos”, dijo la diputada Nineth Montenegro.
POSTURA
Impacto real
La CC abrió una autopista para que después se impugne por inconstitucional el derecho que la ley les da a los ciudadanos para que puedan presentar objeciones, vetos o tachas, expresó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia.
“Crea un vacío porque la comisión queda en libertad de aplicar o no instrumentos de evaluación. Se abre la posibilidad de que las candidaturas sean determinadas por negociaciones”, agregó.
