Una ley de competencia suele existir en aquellos países que funcionan bajo un sistema de economía de mercado. Economías donde las empresas y personas, son libres de iniciar o terminar algún negocio comercial, con el fin de obtener lucro.

En un sistema de libre mercado, se tiene la confianza de que el libre intercambio entre compradores y vendedores será el mejor sistema para alcanzar la eficiencia. No obstante, se reconoce que en algunas ocasiones es necesario que el Estado intervenga con el fin de prevenir y sancionar conductas que estén orientadas a limitar la competencia.

En este sentido, una ley de competencia puede afectar, para bien o para mal, a estos grupos sociales:

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• Empresas, en el caso de Guatemala esta legislación debe potenciar especialmente a las pequeñas y medianas empresas o pymes, que son las que sostienen al país, para darles capacidades de competir con otras empresas más asentadas.
• A los ciudadanos en su carácter de consumidores, por ejemplo: en sectores de alimentación catalogados como monopólicos como el arroz, azúcar y pollo. En el mercado del arroz se estima que el precio en Guatemala es un 10% más alto que en otros países semejantes de la región, así lo dio a conocer Enrique Naveda, citando un estudio de la Universidad Rafael Landívar, quien se desempeña como oficial de justicia económica, espacio cívico y diálogo democrático de la organización internacional humanitaria Oxfam y articulador de Consejo Nacional Empresarial (CNE) para promover esta legislación. Naveda, trajo a colación que esto último se ve reflejado cuando los precios internacionales bajan, pues en el país se mantienen; o cuando se reducen las importaciones y sube el precio, “es decir que hay una empresa que tiene la capacidad de controlar los precios y hacer este tipo de prácticas”. En tanto, el CNE estudió el caso del cemento, un producto estratégico tanto para empresas como para consumidores, y encontró que el daño económico, entendiéndose como lo que se paga de más por esas malas practicas monopólicas: en 2021 fue de Q875 millones y Q914 millones en 2022. En el mismo panorama en el sector bancario, fue de Q391 millones en 2021 y Q738 millones en 2022 y para la telefonía, Q739 millones en 2021 y Q757 millones en 2022.

Trabajadores, tercer grupo afectado

Sin embargo, para Oxfam hay un tercer grupo que resulta afectado, uno más que pareciera que no entra en la ley de competencia, pero esta organización considera que sí y son los trabajadores.

De acuerdo con Naveda, la relación de los trabajadores con las empresas también se ve afectada por la falta de competencia y por mercados monopólicos, porque cuando solo hay unas pocas empresas que demandan trabajo tienen la capacidad de imponer, no solo el precio del trabajo sino las condiciones.

Con esto, se concluye que este tema no solo es importante para las empresas y consumidores, sino que tiene un gran potencial para los trabajadores.

“El riesgo de una ley de anti competencia”

Dulce Veras, directora ejecutiva del Consejo Nacional Empresarial (CNE), comentó que la propuesta es entrar a una discusión más técnica abordando lo que debe incluir una ley de competencia, tomando como guía lo que rige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que son los estándares internacionales.

En este contexto, los componentes que, a criterio del CNE, se deben empezar a discutir dentro de la agenda pública son:

• La autonomía y dependencia de una autoridad de competencia, esto empieza desde el diseño institucional, la gobernanza, presupuesto, capital humano, régimen sancionatorio, capacidad y base legal que va a tener y cómo va a funcionar con los mercados que tienen una legislación específica.

Veras agregó que la ley debe tener la capacidad de garantizar que exista una verdadera competencia en el país y poder aplicar a mejorar los males sistemáticos y prácticas anticompetitivas que existen.

En este contexto, Naveda expresó que el riesgo está en que se apruebe una ley de anti competencia bajo el nombre de ley de competencia. Es decir una ley que restrinja el acceso a mercados "que ya están capturados", porque uno de los elementos clave de la concentración económica tiene que ver con sobreprecios, mala calidad de los servicios y con poder político.

“A mayor concentración económica más poder político tienen los actores para presionar y doblegar a las autoridades políticas y a otros sectores o grupos sociales”, detalló indicando que se debe distribuir el poder económico y político y "empezar a subsanar algunos de los resabios autoritarios e impositivos de la sociedad guatemalteca".

No es una ley antimonopolio

Juan Fernando Díaz, economista y una de las personas que dirigió el estudio Creando oportunidades económicas, con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en donde también participó el CNE, expuso que la ley de competencia normalmente se toma como una ley antimonopolio y Guatemala ya cuenta con un marco jurídico que prohíbe esta práctica.

Por lo que explicó que el espíritu de una ley de competencia no se centra en prohibir monopolios, sí considera que los monopolios no deben ser admitidos, pero debe centrarse en la promoción de la libre competencia. Un entorno en donde las condiciones de libre mercado se den y se experimenten sin la presencia de prácticas abusivas de conducciones y artimañas entre los agentes económicos para promover condiciones desleales que dificultan el libre mercado y competencia dentro de una economía.

“Técnicamente es parecido, pero no es exactamente es lo mismo”, dijo añadiendo que una de las principales críticas de los defensores del libre mercado argumentan el hecho del por qué es necesaria una ley para promover algo que debe ser totalmente libre; sin embargo, “la práctica dice que el libre mercado necesita del apoyo de normas para que efectivamente sea una realidad”.