El Observatorio de los Periodistas de la Asociación Guatemalteca de Periodistas (APG) denuncia que solo durante el gobierno de Alejandro Giammattei se han registrado 265 ataques contra la prensa de distinta índole. Este año, hasta el 31 de octubre de 2021 se registraron 116 actos que vulneran el trabajo periodístico.
Durante el 2020 se registraron 149 casos que atentan contra la prensa. Los eventos más violentos se registraron durante las protestas del 21 y 28 de noviembre donde salió herido el fotoperiodista Carlos Sebastián, cuando un policía lo golpeó en la cabeza mientras fotografiaba la aprehensión de un manifestante.
En la segunda protesta, el 28 de noviembre, al menos cinco periodistas fueron agredidos verbal y físicamente por manifestantes encapuchados y violentos mientras cubrían esos eventos.
El reporte de la APG señala que de los hechos denunciados en el 2021, 48 casos están involucradas directamente las autoridades de Gobierno, fuerzas de seguridad y empleados públicos de instituciones como el Ministerio Público, Ejecutivo, Organismo Judicial y Congreso de la República.
Los ataques a los que hace mención la APG van desde limitar el acceso a información pública con criterios antojadizos, evitar que ciertos periodistas cubran actos oficiales, no hacer conferencias de prensa, hasta amenazas y campañas de desprestigios en redes sociales y agresiones físicas contra profesionales que cubren protestas.
“Estas cuentas no solo buscan menoscabar la imagen de sus víctimas, sino además influir en el pensamiento de la población para que consideren a los periodistas enemigos del gobierno, divulgadores de falsas noticias y responsables de los falsos delitos de los que se le imputan”, resalta la APG con relación a las campañas de desprestigio que se movilizan en redes sociales
El informe de la APG resalta cómo el gobierno quería imponer una censura generalizada a través del Decreto 6-2021, el cual imponía un estado de Calamidad que ordenaba a los órganos de publicidad, medios de comunicación y difusión a “evitar las publicaciones que puedan generar confusión, pánico o agraven la situación”.
Este decreto causó un repudio generalizado y estuvo vigente pocos días.
“Es urgente que el gobierno deje de hostigar a periodistas independientes, asegure que haya fondos suficientes para investigar los ataques contra ellos y proporcione a la población guatemalteca acceso a información oportuna y completa sobre las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19”, dijo la organización Human Rights, a inicios de este 2021, al conocer cómo durante el gobierno de Alejandro Giammattei se exacerbaron los ataques a la prensa.
“No son pocos los casos donde autoridades antojadizamente vedan el acceso a información pública o actividades donde participan funcionarios, emplean el derecho penal para censurar, emiten comentarios despectivos y estigmatizantes que puedan exacerbar el sentimiento de sus correligionarios o población hacia los reporteros y repercutir en una agresión mayor, o emplean a las fuerzas de seguridad para golpear o acosar a los reporteros”, resalta el informe de la APG.
Denuncias recibidas por la Fiscalía de Delitos Contra de Periodistas#DíaDelPeriodista #LibertadDeExpresión #NoNosCallarán pic.twitter.com/Nnf9FhsE8B
— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) November 30, 2021
Cambios en la ley de información pública
En noviembre del año pasado se intentó por última vez realizar cambios a la iniciativa 5792, que busca modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
La iniciativa cuenta con un dictamen favorable y tan solo falta que se incluya en las sesiones parlamentarias para su aprobación.
Actualmente el control de la ley descansa en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pero el documento busca la creación de la Secretaría Técnica Nacional de Acceso a la Información Pública, una nueva entidad para el control de la ley que estaría regida por el Congreso de la República.
La propuesta de ley fue impulsada por el diputado José Alejandro de León, del bloque Podemos, quien en noviembre del 2020 defendió su proyecto afirmando que tan solo buscan fortalecer el acceso a la información, dándole mayor autonomía con un nuevo ente rector.
Sin embargo, a criterio de organizaciones sociales, la iniciativa tan solo disfrazaría un intento político por restringir la información, lo que aseguran tendría un efecto directo sobre la libertad de prensa en Guatemala, algo que indican es necesario para el ejercicio pleno de la democracia
Información clasificada
El artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública señala en qué casos se puede considerar información reservada, entre esos los relacionados con asuntos militares o diplomáticos clasificados como de seguridad nacional, sin embargo, en los últimos años la confidencialidad de la información ha sido utilizada de manera dudosa, impidiendo que la ciudadanía tenga acceso de primera mano a datos que permiten entender la ejecución gubernamental.
Durante la pandemia, puntualmente, el contrato de negociación y compra de las vacunas Sputnik V, ha sido clasificado como confidencial por las autoridades ministeriales y avalado por la Presidencia, evitando de esa forma, incluso, compartir con la propia Contraloría General de Cuentas o el Ministerio Público detalles de los acuerdos.
Este matutino ha presentado solicitudes de información pública y recursos de revisión para poder acceder tan solo a los nombres de las personas que han hecho las negociaciones, con el único fin de entender quiénes representaron los intereses del Estado en una millonaria negociación, sin embargo, las autoridades ministeriales han rechazado todas las solicitudes.
Otro ejemplo es el Ministerio de Educación, que actualmente negocia de forma confidencial las condiciones de un nuevo pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), cuyo líder es Joviel Acevedo.
También el Tribunal Supremo Electoral decidió, en abril pasado, declarar en reserva sus investigaciones, decisión que fue criticada por abogados expertos en Información Pública como una decisión contraria al margo legal del país.
Agresiones contra periodistas
Durante las actividades del Bicentenario en Iximché, Chimaltenango, un miembro de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) golpeó a un reportero cuando éste intentaba entrevistar a Luis Miguel Martínez, ex jefe del extinto Centro de Gobierno y allegado a Giammattei.
En junio, el reportero de Canal+, Jorge Roldán, fue agredido por una médica responsable del centro de vacunación de Chinautla. Cuando quería informar sobre la supensión de la jornada de vacunación para adultos mayores le arrebataron el teléfono.
Héctor Cordero, corresponsal de Prensa Libre en Quiché fue agredido por un empleado gubernamental cuando intentaba entrevistar al ministro de Comunicaciones, José Lemus.
En octubre, durante la toma del Congreso, por veteranos militares, seis periodistas fueron agredidos y alcanzados por hondas y palos. Al fotoperiodista Esbin García lo rodearon cuatro hombres vestidos con atuendos militares quienes le pegaron e intentaron
robar su cámara. Mientras los veteranos agredían a agentes de la PNC, el fotoperiodista David Sanchinelli, quien grababa el suceso también fue atacado y los veteranos le destruyeron su equipo.
Contra comunicadores
El polémico abogado Otto Gómez, ligado a la Fundación contra el Terrorismo, y quien actualmente se encuentra en prisión, interpuso una denuncia el 17 de julio contra comunicadores, activistas y periodista por el delito de “sedición y terrorismo”. Algunos de los denunciados fueron Sam Chum, Luis Assardo, Juan Carlos Sandoval, Enrique Godoy entre otros.
La Fiscalía General ordenó que se reactivara una investigación contra el presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, que inició en 2013 pero que había sido clausurada por falta de elementos para la persecusión penal y amenazó con embargar las cuentas del medio.
La directora de Comunicación Social del Congreso, Joselyn Fernanda Mérida, denunció penalmente a los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa por supuestos delitos de violencia contra la mujer después que publicaran un reportaje sobre cómo desde el Legislativo se crean campañas de difamación contra la oposición.
En un caso similar, la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, denunció a los directores de La Hora por violencia contra la mujer, luego que el medio publicara actos de corrupción y nepotismo que involucran a Carrillo.
Limitaciones a la prensa
El 18 de marzo, empleados gubernamentales impidieron que reporteros que cubren el Ejecutivo pudieran acceder a una reunión que el presidente Alejandro Giammattei tenía con alcaldes; al ingresar al Palacio Nacional, los llevaron a otra reunión para evitar que abordaran al presidente. La entonces Secretaria de Comunicación, Patricia Letona, se justificó diciendo que era una “reunión técnica”.
Comunicación Social de la Corte de Constitucionalidad restringió la participación de periodistas en el chat institucional para evitar que los comunicadores cuestionaran la juramentación del magistrado Néster Vásquez debido a que integra la lista Engel de corrupción.
El 13 de abril, durante la toma de posesión de los magistrados de la CC, agentes de la PNC quisieron impedir la entrada de reporteros al Palacio Legislativo colocando vallas y prohibiendo la entrada al lugar de cualquier persona, incluyendo a los reporteros que cubren la fuente. Cuando fue cuestionado por esto, el presidente del Congreso Allan Rodríguez, arremetió contra la periodista.
El Tribunal Supremo Electoral también ha sido denunciado por no dar información sobre las investigaciones que realiza a los partidos políticos.
En Quetzaltenango y Sololá
A inicios de noviembre agentes de la PNC retuvieron en una estación policial de Quetzaltenango al periodista Rubén Jocol por haber grabado una captura mientras cubría un hecho de tránsito. La Asociación de Periodistas de Quetzaltenango denunció cómo la PNC sometió con violencia a Jocol para esposarlo, lo retuvieron por 45 minutos en la comisaría y lo obligaron a borrar todo el material periodístico para dejarlo en libertad.
En Sololá, tres reporteros de distintos medios locales fueron agredidos por integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, quienes se oponían a la cobertura periodística de las audiencias judiciales de un polémico caso familiar y el proceso contra un exlíder de Cocode. Los comunicadores fueron obligados a borrar las publicaciones que habían hecho en su página y los amenazaron a firmar un acta donde señalaban que la notica era falsa. Otros reporteros también fueron amenazados por lancheros del Lago de Atitlán luego que una persona muriera en la desembocadura del río San Francisco, para que no cubrieran el hecho porque les daría “mala fama”. Los reporteros fueron recibidos a empujones, los intimidaron y su equipo fue arrojado al suelo para evitar que documentaran el hecho.
Caso El Estor
El 22 de octubre, durante el desalojo que la PNC hizo contra comunitarios en El Estor, Izabal, que manifestaban contra la minería, las fuerzas de seguridad agredieron a los periodistas de Prensa Comunitaria Nelton Rivera, Carlos Choc y Juan Bautista Xol, así como un reportero extranjero que no identificaron por seguridad.
La policía intentó en varias ocasiones tapar las cámaras de los periodistas para que no grabaran y arrebataron parte del equipo. A Choc, la policía lo golpeó y arrebató su celular y un micrófono. También denunciaron que la policía arrojó, de forma discrecional, bombas lacrimógenas a donde se encontraban los reporteros.
Cuando continuó el desalojo, el 23 de octubre, la policía siguió amenzando a los periodistas para que no grabaran ni tomaran imágenes.
Al ser decretado el estado de Sitio en el lugar, aumentó el acoso y la policía junto al Ejército allanaron la vivienda de Choc, además de las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a. Sin ninguna razón, los agentes decomisaron el teléfono celular de Xol y tomaron distintas fotografías de sus pertenencias con el objetivo de criminalizarlo.
En el caso de Bautista Xol, la mañana del lunes 25 de octubre, alredeodr de 29 elementos policiales allanaron su casa, lo retuvieron por varias horas y le decomisaron su teléfono, el cual fue devuelto varios días después.
Campañas de desprestigio
Las campañas de difamación, desprestigio y acoso en plataformas digitales y redes sociales se han constituido como una de las principales agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación.
Estos actos de acoso afectan a las mujeres periodistas debido a que se construyen campañas para minar su reputación con burlas sexistas, misóginas y racistas en el caso de los profesionales indígenas. La APG ha identificado acoso contra la corresponsal de CNN en Español, Michell Mendoza y contra los periodistas independientes Jody García, Francelia Solano, Marvin Del Cid, Sonny Figueroa y Carolina Gamazo. Estos ataques incluyen falsas acusaciones por delitos como cobro de sobornos, tráfico de influencias, pornografía y pederastia. En las últimas emanas, el periodista Juan Luis Font ha sido víctima de estas campañas que buscan ligarlo a actos de corrupción que involucran a Alejandro Sinibaldi. También se denunció la creación de una página web que simulaba ser la página real de Prensa Libre para divulgar información falsa relacionada a la lista Engel y a supuestos señalados por corrupción.
Los ataques a las páginas web también los sufrieron medios como La Hora, El Periódico y No-Ficción.
