CGP y APG condenan agresión contra periodistas por parte de agentes de la PNC y exigen pronta investigación

Entidades de prensa condenan la agresión a dos periodistas por parte de agentes de la PNC en Escuintla y exigen respeto a la Libertad de Prensa.

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El periodista Robin Ortega, integrante de "Relax TV" de Escuintla, fue capturado por agentes de la PNC cuando daba cobertura a una protesta en Siquinalá. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes)
El periodista Robin Ortega, integrante de "Relax TV" de Escuintla, fue capturado por agentes de la PNC cuando daba cobertura a una protesta en Siquinalá. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes)

La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenaron la agresión por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de los reporteros Carlos Enrique Paredes, corresponsal de Prensa Libre y Guatevisión en Escuintla, y Robinson Ortega, de Relax TV, este último consignado a los tribunales de justicia por haber documentado un supuesto abuso de autoridad po r parte de los policías en contra de un grupo de mujeres.

En un comunicado, la CGP manifestó “haber recibido la denuncia de que un periodista, Robinson Ortega, sufrió vejámenes por parte de agentes de la PNC mientras cubría un supuesto abuso operativo en Las Palmas, Siquinalá, departamento de Escuintla”.

El comunicado de la CGP señala que, según la información recibida, Ortega fue golpeado y detenido simplemente por cumplir su labor periodística y documentar el supuesto operativo”.

Agrega que la Constitución Política de la República garantiza el libre acceso a las fuentes de información, además de declarar la actividad de los medios de comunicación de interés público (artículo 35)”.

De esa cuenta, refiere el documento, “cualquier acción de un funcionario o empleado público que limite esa garantía constitucional merece el más enérgico rechazo de esta Cámara, que exige a las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación esclarecer el hecho inmediatamente y deducir las responsabilidades administrativas que corresponda a los agentes responsables, sin menoscabo de posibles delitos cometidos que deberán ser investigados por el Ministerio Público”.

“El ejercicio responsable de la función periodística jamás debe ser limitado o menoscabado por autoridad alguna. Este hecho en particular, los vejámenes y detención de Robinson Ortega, deben ser esclarecidos, como se dijo, inmediatamente”, enfatiza la CGP.

Concluye diciendo que “hacemos un llamado al Ministerio de Gobernación, Napoleón Barrientos, para que sin demora aclare el incidente, resguarde la integridad del periodista Ortega y deduzca las responsabilidades administrativas a quienes hayan faltado al cumplimiento del deber”.

APG exige investigación

Mediante un comunicado, la entidad de prensa señala que “la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa repudian la detención arbitraria del periodista Robinson Ortega, integrante de Relax TV de Escuintla, cuando documentaba un posible abuso de autoridad por parte de la Policía, en la detención de un grupo de mujeres que habían participado en una manifestación en contra de la Municipalidad de Siquinalá, por el manejo de los desechos”.

El documente refiere que la mañana de este jueves, un grupo de vecinos bloqueó el paso hacia un vertedero en rechazo a que la municipalidad continúe depositando desechos en ese lugar.

Agrega que “después de que el paso fuera liberado, un autobús con mujeres se retiraba del lugar, pero la Policía lo detuvo y arrojó bombas lacrimógenas a su interior, aparentemente porque las mujeres los insultaron”.

“En uno de los videos que circula en redes sociales se observa cuando la Policía, en su mayoría hombres y agentes antidisturbios, jaloneaban y colocaban esposas por la fuerza a las manifestantes. Dentro del bus también iban menores, que resultaron afectados por los gases. En el lugar se encontraban miembros de la Inspectoría General, quienes no hicieron nada por evitar los abusos o la aprehensión del periodista”, refiere la APG.

Añade que “Ortega tomó videos e imágenes del accionar de la Policía, lo que causó el malestar de los agentes que sin advertencia lo esposaron, jalaron y tiraron su cámara al suelo, la cual resultó con daños. Durante la agresión, los oficiales también le rompieron la playera. La Policía justificó que el periodista, supuestamente, había golpeado a una mujer policía, aunque no existían pruebas de estas acusaciones”.

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El comunicado de la APG señala que “la Policía también intentó detener a Carlos Paredes, corresponsal de Prensa Libre y Guatevisión en Escuintla, quien también documentó los abusos de los agentes, quienes incluso quisieron impedir que Paredes se acercara a la patrulla donde tenían esposado y boca arriba a Ortega”.

También agrega que “el comunicador fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia de Santa Lucia Cotzumalguapa. La audiencia de primera declaración se programó para el martes 21 y el periodista fue enviado a uno hospital, donde permanecerá hasta ese día”.

“La detención de Ortega es una muestra más de la intolerancia y la campaña de persecución que existe hacia la Prensa y las voces críticas al Gobierno. Este acto es un patrón repetido en los últimos años, mediante el que funcionarios y operadores de justicia pretenden silenciar por medio de la cárcel a los comunicadores que documentan abusos de poder, actos irregulares o temas trascendentales como la violación a derechos humanos”, dice la APG.

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“Exigimos a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, que acelere las pesquisas en contra de los agentes involucrados en esta agresión, como lo ha hecho con los actos de criminalización y procesos fabricados para perseguir a los periodistas y críticos del presidente Alejandro Giammattei”.

Concluye con que “alertamos nuevamente a la ciudadanía, a la comunidad internacional y los sistemas interamericano y universal de derechos humanos, sobre las pocas garantías para la libertad de expresión y la indefensión de los periodistas, ante un sistema de justicia cooptado en su totalidad por la Presidencia, el Congreso de la República y actores afines a estos, interesados únicamente en procurar impunidad en casos de corrupción, violaciones a derechos humanos y crímenes del pasado, cometidos por las dictaduras militares”.

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