La política firmada por el Gobierno y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (Cocacich) incluye la construcción de escuelas, viviendas, centros de Salud, puentes y estanques para la crianza de peces. También la restitución de tierras, incluso de piezas arqueológicas que pudieron perderse o dañarse durante las inundaciones para la represa.
Enredos jurídicos
Un equipo de 16 abogados empezó por discutir si era un pago por daños causados a 33 comunidades en el marco de derechos humanos, un resarcimiento o por daños y perjuicios.
Finalmente se excluyeron los daños y perjuicios porque prescriben después de 20 años y los determina un juez, quien fija el monto, como lo indica el Código Civil.
Además, “ya habían pasado 30 años, así que esta base legal no nos servía”, explicó el secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez. “Escogimos la sombrilla de los derechos humanos”, dijo.
Hasta ahora no se sabe cuántos son los afectados de las 33 comunidades, lo cual definirá la Secretaría de la Paz.
Juan de Dios García, representante de Cocacich, expuso que “el acuerdo al que se había llegado en el 2010 iba a ser ejecutado en 10 años, pero nunca se concretó. Esta vez cedimos que fuera en 15”.
“Ha habido falta de voluntad política. Lo que sucedió viene a raíz de la presión internacional”, refirió García. Reconoció que es “un avance grande después de 30 años de lucha”.
Política
Presión fuerte
A mediados de enero, Estados Unidos aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas, la cual establece que ese país no podrá votar a favor de créditos de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) para Guatemala.
Las condiciones, advirtió Estados Unidos en ese entonces, no cambiarían si no había progresos en la agilización de procesos para adopciones de niños guatemaltecos por familias estadounidenses y el resarcimiento de cerca de seis mil familias damnificadas por la construcción de Chixoy.
Además, en junio del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos de los representantes de la comunidad Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, donde fueron masacradas 444 personas a lo largo de 1982 por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica.
En septiembre del 2012 la Corte falló en contra del Estado de Guatemala.
