La historia se volvió a repetir esta semana, con otro nombre: “Julia”, el fenómeno hidrometeorológico que ingresó al país como una tormenta tropical y en su recorrido se degradó a depresión y dejó remanentes de lluvias afectó a más de 712 mil personas, mientras que 6 mil 634 tuvieron que acudir a un albergue. Las muertes reportadas son 16. Destruyó 10 puentes e impactó en 154 carreteras, este es el informe que cambia con el paso de las horas.
El daño puede percibirse menor en los números, pero vuelve a golpear a comunidades que aún no se habían recuperado de los perjuicios ocasionado en el 2020, primero por Eta y días más tarde por Iota. De nuevo son Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango los territorios con más estragos por inundaciones y derrumbes.
Qué no vuelva suceder es incierto, pues Guatemala ha sido calificada como un país de alta vulnerabilidad y la temporada de lluvia 2022 no ha terminado, y es la cuarta más alta de las últimas cuatro décadas.
El peligro de la lluvia
Wilson García, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ha señalado que monitorean varios fenómenos tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico que podrían afectar de manera indirecta al país en los próximos días.
Eso es un problema, los suelos están altamente saturados y con ríos por arriba de su nivel, como reporta el Insivumeh, el peligro de desastres es latente para la población, y se acrecienta con la previsión hasta noviembre de la formación de cerca de una veintena de tormentas tropicales, algunas con probabilidad de convertirse en huracanes.
Silvio Herrera, investigador del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), menciona que, para minimizar el impacto de fenómenos como Julia, Eta e Iota, se requiere de acciones anticipatorias como la alerta temprana eficaz, mejorar los pronósticos y predicción de los impactos, así como la reducción de la vulnerabilidad y una adecuada gestión ambiental.
“Si las poblaciones y autoridades se preparan anticipadamente, cuentan con información oportuna y tienen planes de respuesta actualizados, el impacto de un evento natural será menor y la recuperación más rápida y organizada”, dice.
Ante los efectos del cambio climático, este punto cobra relevancia pues la amenaza de fenómenos como las tormentas serán constante y probablemente más severa, de esa cuenta es necesario reducir los distintos tipos de vulnerabilidad que están presentes en Guatemala.
La vulnerabilidad natural es una de ellas, y puede ser más alta en áreas con una mayor pendiente del terreno, pérdida de cobertura vegetal o bosques y sobreutilización de suelos. “Por la acción humana, los ecosistemas se degradan y no pueden responder de la misma forma cuando ocurre un evento extremo como la tormenta Julia”, indica Herrera, que también es miembro de la Plataforma Guatemalteca Interuniversitaria para la Gestión del Riesgo de Desastres (Plataforma InterU-GRD).
El investigador de la UVG señala que las poblaciones en pobreza o pobreza extrema que subsisten de la agricultura son las más afectadas por estas catástrofes. Dicha vulnerabilidad socioeconómica se exacerba al sumar indicadores como el nivel educativo, la densidad poblacional, el acceso a la energía eléctrica y a servicios de salud.
En la mayoría de los municipios atender a la población cuando ocurre una emergencia como la tormenta Julia es una tarea no superada. Herrera agrega que la inversión en desastres y gestión ambiental es poca desde las municipalidades, eso hace que la situación posdesastre se extienda y que la recuperación sea lenta, y cuando comienzan a recuperarse de los daños de un evento, ocurre el siguiente.
¿Qué hacer?
La lección más importante que el país debe aprender de eventos como las tormentas Eta, Iota y ahora Julia, es que “no funciona la mentalidad de estar respondiendo a las emergencias, es urgente que Guatemala trabaje activamente en la reducción de la vulnerabilidad de los desastres”, indica Alejandro Maldonado, exsecretario Ejecutivo de la Conred.
Guatemala tiene la Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres con lineamientos generales para aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y los sectores en riesgo de desastres, refiere Herrera.
Lo que debe hacerse es implementarla, pero la corrupción es un freno para lograrlo, como menciona Maldonado, pues mientras no desaparezca seguirán construyendo infraestructura vulnerable, lo que es evidente con los puentes y carreteras que resultaron destruidas durante esta tormenta.
#ClimaTT | El incremento en el caudal del Río Motagua provocó el colapso de bordas que han generado inundaciones en Entre Ríos, Puerto Barrios, Izabal. Se evacúa a los comunitarios. 📸: @CRGuatemalteca @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/m68hrSkL1t
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) October 12, 2022
“Es el momento de invertir más en la prevención y preparación para enfrentar las emergencias climáticas principalmente a nivel local. La inversión en las acciones anticipatorias puede reducir significativamente los daños y las pérdidas en el futuro, reduciendo los costos y el tiempo de recuperación”, dice el investigador de la UVG.
Asistencialismo no es la solución
No se trata de llevar alimento y trasladar a las personas a albergues cada vez que hay una emergencia como la causada por el desborde de ríos o derrumbes, pues a los días vuelven a su realidad y a estar nuevamente vulnerables. Para el exsecretario Ejecutivo de la Conred estas respuestas son coyunturales, se dan en el momento, pero no resuelven la problemática de la población, solo tapan el problema provisionalmente, pues con cada temporada de lluvia vuelven a suceder.
Es un problema estructural que no se resuelve de la noche a la mañana, la reconstrucción y rehabilitación después de las emergencias debe darse bajo una visión de transformación. “No podemos simplemente reconstruir de la misma manera, porque año con año seguiremos sufriendo las mismas consecuencias. Tenemos que romper ese ciclo, pero para hacerlo hay que implementar la Política Nacional de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastres”, dice Maldonado.
Del 2017 al 2021 ocurrieron 6 mil 917 incidentes durante la temporada de lluvia, así que no es una sorpresa que las precipitaciones se acompañen de derrumbes, deslizamientos, inundaciones, hundimientos, y que estos afecten principalmente a poblaciones empobrecidas.
La amenaza será mayor y más frecuente como consecuencia del cambio climático, la clave a criterio de los entrevistados es reducir la vulnerabilidad, que requiere un esfuerzo continuo, mayor inversión del gobierno central para la preparación ante el riesgo de desastres, así como apoyo a la investigación para la reducción del riesgo a los desastres, la alerta temprana y la gestión ambiental como medida preventiva.
