La violencia, como un mal que nunca se aleja, golpeaba al país con el homicidio de un jefe policial antisecuestros y el de una lideresa campesina en Suchitepéquez, mientras el Gobierno decretaba estado de Calamidad en prevención por el virus.
Con el anuncio oficial del primer diagnóstico de covid-19, todo cambiaría radicalmente. El tan temido virus que había nacido en Wuhan, China, meses antes y que causaba mortandad en Europa, llegaba al país, y aunque probablemente pocos lo imaginaban, iba a dejar un rastro de dolor y muerte.
Los primeros días transcurrieron en medio de mensajes confusos. Por un lado, el presidente Alejandro Giammattei afirmaba que el covid-19 se trataba de una “gripona” (gripe fuerte) e invitaba a acudir a los cines y centros comerciales, pero días después anunciaba la suspensión de clases y otras actividades.
La incertidumbre invadía a los guatemaltecos que tuvieron que acostumbrarse a utilizar mascarillas y a guardar la distancia, mientras los estudiantes comenzaban un periodo de tres años fuera de las aulas, una factura que aún les pasa costos en el aprendizaje.
El 21 de marzo, el presidente anunciaba por la mañana la implementación de toques de queda, una medida desconocida para gran parte de la población, así como restricciones a la movilidad.
La economía se empezó a resentir, sobre todo la informal. El impacto fue el crecimiento de la pobreza y pobreza extrema. Según las Naciones Unidas, en 2020 a causa de la pandemia, se sumaron a la pobreza 45 millones de personas en Latinoamérica.
Además, la desconfianza y estigmatización crecía al punto que en ciertas áreas de la provincia, rechazaban a los migrantes que regresaban deportados a sus comunidades.
En los primeros meses los casos que se reportaban a diario eran pocos. Las cadenas televisivas en las que aparecía Giammattei eran esperadas con ansias por los guatemaltecos. El país cerraba sus fronteras y al mismo tiempo el Gobierno anunciaba la construcción de hospitales especializados e inversiones multimillonarias en Salud. Por esos meses, la aprobación por el manejo de la pandemia rebasaba el 80%, según la encuestadora ProDatos.
Las cosas se complicaron
Pero poco a poco, los casos aumentaron y pasaron de ser 52 en marzo, a 629 en abril y cinco mil en mayo. Para junio se registraron 14 mil 476 al mes y para julio, el mes con mayor número de contagios, 30 mil 443.
En mayo se creó la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del covid-19 (Coprecovid), y en junio, en medio de la crisis, el presidente Giammattei destituyó al ministro de Salud, Hugo Monroy. En su lugar llegaría Amelia Flores.
La pandemia parecía que aumentaba, mientras desde el Congreso fluían los recursos que el Gobierno tenía a su favor. Durante 2020, los diputados aprobaron varios decretos que ampliaron el presupuesto de las instituciones gubernamentales por más de Q14 mil 676 millones, para el apoyo de los segmentos sociales afectados y la construcción de infraestructura hospitalaria.
El Gobierno ejecutó esos recursos en medio de críticas de deficiente planificación técnica.
Para agosto, después de casi cinco meses de encierro y cuando los casos comenzaron a disminuir, la economía comenzó a reabrir. Primero fueron los centros comerciales y el transporte extraurbano con protocolos estrictos de funcionamiento.
Año letal
El 2021 sería el año más cruel. A la reapertura de la economía se sumó el surgimiento de la letal variante delta. En este año se produjo el 60 por ciento de las muertes contabilizadas hasta ahora. Los peores meses fueron junio, julio y agosto cuando hubo cinco mil fallecidos —el 41% de todo el año— y los hospitales se vieron atestados y superados en su capacidad.
A diario se denunciaban casos de pacientes que no eran admitidos por la saturación de los centros especializados.
Vacunación
Pero un factor que, según críticos fue clave para incrementar la letalidad de la pandemia en ese año fue el deficiente proceso de adquisición de vacunas.
En un hito científico de la medicina, el biológico se creó en tiempo récord y empezó a circular en el mundo a finales de 2020, pero mientras otros países del área lograban formalizar compras, Guatemala no lo hacía.
Fue hasta el 25 de febrero que ingresó un pequeño lote de cinco mil vacunas donadas por Israel. Hasta entonces se comenzó a inmunizar al personal de salud. El resto de la población tuvo que esperar.
A finales de marzo, el Gobierno de Guatemala firmó un contrato con la entidad rusa Human Vaccine para la compra de 16 millones de vacunas Sputnik V y adelantó el pago de Q614.5 millones.
Esto arreció las críticas por varios factores, en primer lugar, porque no era una vacuna avalada por al Organización Mundial de la Salud (OMS); porque su costo era elevado y porque las autoridades no fueron transparente y se resistían a revelar detalles del contrato.
Pero lo que causó mayores muestras de inconformidad fue que, a pesar de que el Gobierno prácticamente lo había apostado todo por las Sputnik V, estas vacunas apenas ingresaban a cuentagotas. La población vio un alivio hasta que EE. UU. hizo dos donaciones de 4.5 millones de dosis de la marca Moderna, en julio de 2021, y fue entonces cuando comenzó la vacunación masiva.
Mientras tanto, las campañas de desinformación ya habían calado en varios sectores de la población guatemalteca lo que causó el rechazo de mucha gente a la vacunación. Hasta hoy, solo el 40% de la población ha completado el esquema.
Con la mutación del virus a la variante ómicron —más contagiosa, pero menos letal— el 2022 fue un año en el que se lamentaron menos decesos. En total se produjeron dos mil 89, lo que representa el 10% del total.
José Ortiz, epidemiólogo
A finalizar este año, prácticamente ya se habían normalizado todo. Los guatemaltecos regresaban a sus actividades y a enfrentarse a los mismos males que no cambiaron con la pandemia, como la violencia. Algunos que empeoraron, como el transporte urbano en la capital, y otros que siguen igual, como la red hospitalaria nacional.
Fue un mal manejo
El epidemiólogo José Ortiz opina que “muchas vidas se pudieron salvar si se hubieran atendido las sugerencias de los expertos” lo cual considera “lamentable” si se considera que quien preside el gobierno es un médico.
A criterio de Ortiz, el mundo debería aprende la lección de que los países más corruptos son lo que menos preparados están para enfrentar emergencias, aparte de que la pandemia se manejó políticamente “a un precio alto de vidas que pudieron salvarse”.
También lamenta que la red hospitalaria “siga igual o peor” y que “todo el dinero no se viera traducido en servicios”. Al mismo tiempo destaca la resiliencia del pueblo, sobre todo de las clases más desposeídas, para adaptarse a la emergencia.
En cuanto a la vacunación, Ortiz criticó que las decisiones que se tomaron fueron avaladas por personal técnico, pero solo con el fin de “despilfarrar recursos y hacer negocios”.
Postura
En una comunicación con Prensa Libre, la oficina de Comunicación destacó que desde 2019, el Ministerio de Salud tuvo las primeras alertas epidemiológicas y antes del primer caso, se hicieron preparativos y diseñaron protocolos de reacción.
Asimismo, indicó que se desarrollaron acciones de comunicación para informar sobre los riesgos de la pandemia con la participación “esencial” de organizaciones de la sociedad civil.
También destacó que se han efectuado más de 5.7 millones de pruebas y que se ha atendido a los guatemaltecos en los diferentes procesos de la enfermedad, desde la prevención, detección, tratamiento y secuelas.
Además, que se habilitaron mil 231 puestos de vacunación en donde se han colocado más de 20 millones de dosis de vacunas y que se amplió de mil 200 a dos mil 675 el número de camas, con lo cual se fortaleció el sistema hospitalario.
Estas acciones, algunas de las cuales se coordinaron con sociedad civil, iglesias y sector privado, permitieron que “el país continuara adelante”, resaltó la oficina.
