A petición de los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, el PMA junto con otros organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales llevaron a cabo recientemente una evaluación sobre seguridad alimentaria.
De ella ha surgido que, tras las pérdidas del primer ciclo de la cosecha, las familias adoptaron estrategias que las han dejado más vulnerables.
Entre las decisiones que tomaron estuvo reducir los gastos en salud y educación, consumir las reservas de semillas, destinar menos dinero a insumos agrícolas, mendigar, vender sus animales y tierras, o emigrar.
Los hogares reportaron que al menos un miembro de la familia había emigrado en los dos meses anteriores a la evaluación del PMA, que concluyó el pasado diciembre.
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Ese dato no incluye a las familias enteras que decidieron partir antes de que se realizara el estudio.
Para los expertos del PMA, resulta claro que habrá necesidades importantes que persistirán hasta la próxima cosecha, prevista para agosto.
De acuerdo a la evaluación, la inseguridad alimentaria moderada y severa afecta a 874.000 personas en Guatemala, a 682.00 en Honduras, a 85.000 en El Salvador.
Se calcula que en Nicaragua están afectadas unas 460.000 personas, aunque aquí el citado estudio no tuvo lugar.
El PMA ha prestado a los Gobiernos apoyo para acudir en ayuda de cientos de miles de personas en los cuatro países, pero el déficit financiero es actualmente de 20 millones de dólares para los próximos tres meses de asistencia.
