Dos abogados dan sus puntos de vista acerca de si los bloqueos en carreteras protagonizados por manifestantes que tiene una gama de demandas deben ser desalojadas por las fuerzas de seguridad.

Deben desalojar bloqueos

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Quesada, considera que las movilizaciones que han impedido el tránsito vehicular en diversas carreteras del país, no son manifestaciones, sino bloqueos por lo cual la Policía Nacional Civil (PNC) debe desalojarlas.

Si bien es cierto, existe una libertad absoluta de manifestación pública, la Constitución también reconoce el derecho a la libre locomoción en todo el territorio nacional, dice Quesada. No obstante, cuestiona si la intención de quienes bloquean las carreteras es protestar o simplemente bloquear las rutas.

“Yo no veo que estén exclusivamente manifestando, sino que el objetivo de esto es bloquear. Tanto así que anuncian dónde van a ser los bloqueos. Desde el punto de vista jurídico lo que persiguen es bloquear el paso, no manifestar o comunicar al público determinadas ideas o peticiones al Gobierno”, aseveró el exmagistrado de la CSJ.

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Considera que “las autoridades deberían disolver a las personas que hacen los bloqueos”, pero no lo hacen porque probablemente temen que surjan conflictos que deriven en muertos o heridos “y se complique más la situación del país”.

Quesada advierte que si la PNC no hace “lo que debe hacer” las propias personas que son afectadas por los bloqueos podrían generar problemas, dependiendo de la necesidad que tengan de llegar a un lugar.

Aparte del bloquear la libre locomoción, Quesada refirió que con estos bloqueos también se violentan otros derechos como la libertad de industria, de trabajo, y hasta el derecho a la salud, esto último en referencia a que es probable que algunas personas que necesiten acudir con un médico en medio de la pandemia no puedan hacerlo.

Ante el argumento de que al bloquear el tránsito hay más posibilidades de que los manifestantes sean escuchados, el jurista dijo que “si mataran gente” o “si fueran terroristas” seguramente harían escuchar más su mensaje “pero no es violando los derechos de los demás” como deben intentar hacerlo.

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El exmagistrado, cree que este tipo de movilizaciones puede ser contraproducente para quienes los protagonizan porque pueden “generar un odio en contra de todos los que paran el tránsito”.

“No veo por qué tienen que parar el tráfico por varias horas y parar por kilómetros los automóviles, pueden perfectamente hacer su manifestación a las orillas de la carretera”, enfatizó.

Quesada ve “razonable” que la Policía trate de dialogar con quienes bloquean las rutas para que protesten a un lado de las carreteras, pero reconoce que esto “no tiene razón de ser” por lo cual las protestas deben hacerse en lugares en donde pueda acudir mucha gente, lo cual es otro elemento que demuestra que la intención de estas movilizaciones es impedir el tránsito.

Solo se agravaría la situación

El vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCC), Elvin Díaz, se opone a que la Policía Nacional Civil (PNC) utilice la fuerza para desalojar las manifestaciones que han ocurrido en distintas carreteras del país y en las cuales se ha bloqueado por horas el tráfico vehicular.

El uso de la fuerza solo agravaría la crisis que atraviesa el país, que se ha agudizado desde el pasado 23 de julio cuando la fiscal general Consuelo Porras destituyó al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval.

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Desde entonces se han producido un sinnúmero de bloqueos en ruta en donde los manifestantes exigen la renuncia de Porras y de paso la del presidente Alejandro Giamamttei, a quien acusan de acuerpar las decisiones de la fiscal general y de corrupción.

Díaz destaca que en estas protestas no han ocurrido hechos violentos, sin embargo, critica la “soberbia” y “pasividad” con que el Gobierno de Guatemala está respondiendo a estas movilizaciones, prácticamente ignorándolas.

Con esto las movilizaciones continúan y crece el descontento de quienes resultan afectados cuando ocurre un bloqueo.

“Me parece que se está generando todo un clima para justificar la intervención de la violencia policial y eso solo agravaría la situación”, apuntó el vicepresidente del IECCC.

Para Díaz las demandas de quienes han manifestado en las carreteras son legítimas, razón por la cual las autoridades deberían atenderlas. Considera que la discusión no debe estar en qué derecho constitucional debe primar, si el de manifestación o el de locomoción, puesto que la solución a esta “crisis de ingobernabilidad” no es legal o jurídica, sino política.

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Estas manifestaciones “no son cualquier tipo de manifestación”, sino que responden a una coyuntura muy puntual que se caracteriza por la crisis que vive el Gobierno y el Ministerio Público, dijo Díaz. “El Gobierno sabe muy bien cómo responder a ella, pero no lo hace”, señaló.

El abogado resaltó que estas movilizaciones por lo general son protagonizadas por sectores que han sufrido la desatención histórica del Estado y han llegado a adoptar estos bloqueos porque ven necesario que el Gobierno les ponga atención y dé respuestas a sus demandas.

Díaz afirma que las autoridades gubernamentales tienen que prestar atención a estas demandas porque de lo contrario la crisis se va a agravar y repercutirá, incluso, en contra del propio Gobierno.

“El Gobierno no les está poniendo atención —a las protestas— las está haciendo de menos porque toma una actitud muy soberbia frente a lo que sucede y eso no le hace bien al país”, refirió.

“Los grupos que legítimamente están manifestando están en una idea de no ceder sus posiciones hasta que venga una respuesta favorable a las demandas que han planteado”, advirtió Díaz.