Verificamos por usted: ¿El 70 por ciento de los taxis operan de manera ilegal?

Dada la clandestinidad en que operan algunos transportes de pasajeros, no es posible determinar cuántos operan sin estar registrados.

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El seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros que debe pagar el transporte colectivo de pasajeros y de carga motivó nuevamente bloqueos y manifestaciones esta semana en varios departamentos.

Desde que se emitió el acuerdo 17-2020, que obliga a los transportistas a contratar un seguro que cubra a civiles en caso de accidentes de tránsito, pilotos de taxis y de autobuses del transporte urbano marcharon en caravanas para exigir la derogatoria definitiva de esa disposición.

Los taxistas han esgrimido distintos argumentos para oponerse al pago del seguro, entre estos que existe competencia desleal porque hay vehículos que transportan a personas por medio de aplicaciones de teléfono, pero como aparentan ser particulares no pagan las tarifas establecidas para prestar el servicio.

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“Los asociados de plataformas promocionan un producto a través de una aplicación. Está bien, nadie les puede quitar ese derecho. El problema es que no están registrados en la municipalidad ni hay autorización de ninguna institución de gobierno para que puedan ejercer ese trabajo. Entonces promocionan y prestan el servicio sin que nadie los controle —como sí sucede con los taxistas—”, dijo Rolando López, vicepresidente de la Asociación de Taxis.

Según el agremiado, dependiendo del municipio, para operar los taxistas están sujetos a pagos iniciales que van desde Q150 a Q360. Luego deben pagar cuotas mensuales que van desde Q80 a Q100, comentó.

¿De dónde salió la información?

Durante caravanas realizadas esta semana, López aseguró que el 70 por ciento de los vehículos que operan como taxis en los departamentos de Guatemala no están registrados.

“El reglamento estipula que todo aquel vehículo que de forma remunerada traslade personas sin autorización de Emetra tiene sanción y una multa. Pero ojo, muchas confunden carro particular con un taxi. Un taxi va con rotulación completa, su calcomanía y su número de identificación respectivo. En este momento tenemos un 70 por ciento de vehículos que operan como nosotros, pero que no están autorizados”, afirmó López.

Aseguró que en el trébol se mantiene una gran cantidad de vehículos particulares que llevan a bordo personas a la florida, sin estar registrados. Esto sucede frente a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, pero no enfrentan ningún tipo de sanción por esto.

¿Cuál es el  contexto?

Los transportistas consideran que el pago de un seguro los colocaría aún más en desventaja frente a quienes transportan pasajeros sin estar registrados como taxis. Esta situación los motivó a presentar una inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad en febrero pasado contra el acuerdo 17-2020. El tribunal requirió al gobierno y al Ministerio Público que presenten sus argumentos previos a resolver en definitiva. Mientras tanto, el acuerdo permanece vigente y se le cedió una prórroga de seis meses a los transportistas para contratar el seguro.

Por su parte la Unidad Nacional pro las Víctimas de Tránsito emitieron un comunicado manifestando su preocupación, ya que los accidentes viales son la segunda causa de muerte y primera de heridos y mutilados en Guatemala, afirmaron.

"La Unidad Nacional está atenta a aplaudir y apoyar al presidente, o reaccionar en defensa de las vidas que protegemos, las de todos", manifestaron en un comunicado.

Según estadísticas de la Unidad Nacional, 63 mil 873 personas han muerto a consecuencias de accidentes de tránsito en los últimos 25 años y 1 millón 460 mil quedaron heridos o discapacitados debido a percances viales. Por esa razón, exhortan al presidente a que haga valer el pago del seguro obligatorio y no ceda ante las inconformidades de los transportistas.

Por esto sabemos que es
dudoso

Actualmente, la Asociación de Taxistas estima que cuentan con 5 mil asociados. La cifra ha decrecido, ya que en 2012 se calculaba que eran 10 mil, según las estadísticas de la gremial.

El artículo 68 del Código Municipal establece como una de las competencias de los municipios regular el transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales”. En ese sentido, es un hecho que en las ciudades operan motos y vehículos particulares que transportan pasajeros sin estar rotulados, ni registrados en las comunas. Esto se puede comprobar a simple vista en diversos puntos de la ciudad.

Sin embargo, no existe un estudio con rigor estadístico que determine que el 70 por ciento del transporte de pasajeros y de carga opera evadiendo los controles de las municipalidades, como lo afirma el vicepresidente de la Asociación de Taxistas.

López, vicepresidente de la gremial, reconoce que su cálculo se basó en lo que él ha podido observar en las calles, pero no está respaldado por ningún método cuantitativo con rigurosidad científica.

“En una ocasión venía yo sobre la Petapa buscando pasaje. En eso me pasó el primer carro particular (con pasajeros a bordo) y más abajo me pasó un segundo. En total me pasaron entre siete y ocho y nueve vehículos particulares”, contesta al consultarle cómo calculó que el 70 por ciento no estaban registrados.

Por su parte, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que tampoco cuenta con un estimado de vehículos particulares que transportan personas en la clandestinidad, ya que la fiscalización de esto compete a las comunas.

En el caso de la ciudad capital, el único dato con el que cuentan es el número de remisiones que han impuesto a vehículos que llevaban a bordo pasajeros, pero que no estaban registrados. Entre enero y julio se impusieron 992 multas. Actualmente, la infracción es de Q500, de acuerdo con el artículo 27, numeral 3 y literal g del Reglamento de Servicio de Taxis. Sin embargo, no se sabe cuántos vehículos son reincidentes, por lo que las 992 sanciones no equivalen al mismo número de carros multados.

En el caso de las comunas de Villa Nueva y Mixco, indicaron que no pueden generar el dato de cuántas multas e impusieron a taxistas clandestinos. Una de las limitaciones fue que las multas e imponen con base al artículo 184, inciso 3, que establece infracción de Q500 por circular “cuando existe restricción dispuesta por la autoridad”. No obstante, este artículo también se utiliza para sancionar otro tipo de infracciones, como no pagar el impuesto de circulación, por ejemplo. De tal cuenta, en los registros estadísticos no es posible evidenciar cuántos taxistas fueron multados por evadir los controles de ley.

Amanda Morán, del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de San Carlos (CEUR), cuenta que no es posible generar el dato de vehículos que transportan pasajeros evadiendo la ley, ya que por la clandestinidad con la que operan es inviable cuantificarlo.  

“Es difícil calcularlo porque no hay controles”, dijo Morán.


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