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La fecha quedará marcada en su memoria, principalmente porque su hijo murió en esos días. El pequeño pesaba 4 libras, presentaba un cuadro de desnutrición aguda severa. La miseria en la que vive la joven madre y su familia no permitió que lo alimentara más que con café y con agua de masa. Por más que ella quisiera darle de mamar, su cuerpo de niña no se lo permitió.
“La realidad es dramática en estos casos, y las niñas invisibles”, dice Mirna Montenegro, del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), organización que ha dado seguimiento a este caso, que no es el único, pues hasta el 9 de diciembre del año pasado 4 mil 535 niñas entre los 10 y 14 años fueron forzadas a vivir una maternidad temprana, mientras que se registraron otros 95 mil 121 embarazos en jovencitas entre los 15 y 19 años.
Un mes antes, el Osar había reportado 90 mil 936 casos, por lo que en 30 días hubo 8 mil 720 niñas y adolescentes que dieron a luz, es decir, 290 por día, lo cual es lamentable para Otto Rivera, secretario general de Coordinadora Institucional de Promoción de los Derechos de la Niñez (Ciprodeni).
“Detrás de cada caso, detrás de cada parto, hay una niña de carne y hueso trayendo al mundo a otro niño… No es solo el tema del abuso y la violencia sexual, y de embarazo adolescente, también son cerca de 100 mil bebés que nacieron, ¿cuál es el futuro inmediato para esa futura infancia?”, dice.
Un mal en aumento
Año con año se reportan más embarazos adolescentes en Guatemala, y el cierre del 2020, sin duda, reflejará una cifra mayor que en 2019 cuando el Ministerio de Salud contabilizó 114 mil 858, y es que el covid-19 ha dejado ocultos muchos de estos casos, que no se reflejarán en las cifras oficiales.
La pandemia hizo más vulnerables a las niñas y a las adolescentes a la violencia sexual, el confinamiento las obligó a vivir bajo el mismo techo de sus agresores. Las investigaciones señalan que en tres de cada 10 casos los embarazos son producto de la violación por parte del padre de las jovencitas, mientras que otros seis, el agresor es un pariente cercano.
“De marzo a agosto del 2020 hubo un confinamiento duro, las niñas y las adolescentes no estaban en las escuelas, ni en las iglesias, ni en los espacios públicos, ¿en dónde estaban? En casa. Entonces, el abuso y la violencia sexual está en el hogar, en la familia o muy cerca de ella”, refiere Otto Rivera, de Ciprodeni.
En el caso de la niña de 13 años, el victimario fue su tío, un hombre de 68 años, que no ha sido capturado. Incluso, llegó al funeral del bebé, pues el silencio cómplice por parte de la comunidad no lo condena, lo que está ligado a patrones culturales.
“Aunque suene panfletario y reiterativo, es el patriarcado y el machismo que redundan en un desprecio absoluto por las mujeres, en donde somos vistas y consideradas como seres descartables, entonces, no importa realmente lo que nos pasa”, refiere la socióloga Walda Barrios-Klée, investigadora del programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Guatemala).
Agrega que mientras no se cambien los patrones culturales la situación no cambiará. “Tenemos buena legislación, incluso, se suscribió la carta prevenir con educación, pero hay una oposición feroz a la educación integral en sexualidad que es una de las maneras de enfrentar el problema”, dice la socióloga, posición que comparte Rivera.
Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Quiché, son los departamentos que más casos registran, este no es un problema de diferenciación urbana o rural, como tampoco de ladinos e indígenas, se da en todos los estratos.
Otro de las causas del subregistro es que los servicios de salud se vieron interrumpidos durante los meses más álgidos de la emergencia sanitaria en el país, las restricciones de movilidad impidieron que las menores se acercaran a los centros de asistencia y limitó el acceso al control prenatal -la norma dice que son ocho evaluaciones durante el embarazo-, la atención del parto en el hospital, a la atención psicológica, pero también que su condición fuera registrada en el Sistema de Salud.
El Código Penal establece que cada embarazo en una menor de 14 años es producto de abuso sexual y debe ser denunciado, y la pandemia también limitó el acceso a la justicia para que las víctimas expusieran las agresiones ante las autoridades y que estas fueran investigadas.
Llegar a los lugares donde se hacen las denuncias no es fácil, quienes viven en las áreas rurales deben tener dinero disponible para movilizarse y para darle continuidad al caso. Debido a las restricciones muchos procesos quedaron parados tanto en el Ministerio Público como en el Organismo Judicial.
Durante la pandemia tener acceso a servicios de salud y a la justicia no ha sido opción para muchas de estas jóvenes madres, en el caso de la niña de 13 años, su comunidad queda a cuatro horas de la cabecera departamental. Con los estragos causados por Eta y por Iota el camino se hizo más largo e intransitable.
Montenegro señala que parte del problema es el tiempo que se tarda el cumplimiento de las normas y los protocolos del Sector Justicia, para seguir los casos, además de la poca transparencia del sistema.
Ciprodeni tiene la hipótesis de que solo una de cada tres niñas y adolescentes que son abusadas sexualmente resultan embarazadas, por lo que las violaciones superan a los embarazos infantiles y adolescentes que han sido reportados. El problema se agrava ante el subregistro.
“Guatemala necesita urgentemente un sistema de protección integral y de garantía de derechos que le ponga un hasta aquí a la violación sistemática de derechos de las niñas y adolescentes”, dice Rivera.
En el corto plazo se necesita con urgencia una campaña nacional de alerta temprana, de advertencia sobre el abuso y la violencia sexual. Ciprodeni trabaja en ello y busca asociarse con jóvenes para que sean ellos los que lleven el mensaje a este grupo vulnerable. Lo harán en los 25 idiomas del país.
También se requiere mejorar la atención primaria y secundaria a las víctimas y a las posibles víctimas de abuso y violencia sexual.
Debe mejorarse la persecución y la sanción penal a quien incurre en estos delitos, y fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial para frenar este flagelo.
Habrá más embarazos
“Debido a la prioridad de los servicios -como está pasando ahora en los hospitales- para atender el covid-19, la tendencia es a que haya subregistro, y que incrementen los embarazos en adolescentes en el 2021 (no acceso a anticonceptivos, incremento de violencia sexual)”, indica la directora del Osar, por lo que este año la proyección es que este año se registren más de los 99 mil 656 casos que se reportaron hasta el 9 de diciembre del 2020.
La pandemia también limitó el acceso a planificación familiar -en algunos departamentos disminuyó hasta un 40% de usuarias-, lo que se traduce en embarazos no deseados, y se verá en las cifras al final de año. Esto preocupa pues también está ligado con bajo peso de niños al nacer, con la desnutrición -que en estado crónico afecta a uno de cada dos niños menores de cinco años, y agudo, al 19 de diciembre pasado iban cerca de 28 mil infantes afectados-, y los niveles de pobreza que van a aumento.
