“La situación de embarazos forzados en Guatemala es escalofriante, especialmente en el caso de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las políticas no están del lado de las niñas, así que este flagelo trunca sus proyectos de vida y no hay acciones concretas de parte del Estado para frenarlo. Más bien, esto se vuelve un factor fabricador de pobreza”, explica a Efe el oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Guatemala, José Ros Silvestre.
El especialista señala que la mayoría de estos embarazos, empezando por los de las niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren, especialmente dentro de su hogar o comunidad. “En 2018 hubo 5 mil 680 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 16 por día, y en 2019 se registraron 7 mil 365 niñas que se habían convertido en madres”, agrega.
Mirna Montenegro, directora de OSAR, cree que los casos de violencia sexual pueden ser mucho mayores. “Los promedios a veces esconden las realidades de algunos departamentos. Al año hay 2 mil 400 nacimientos de niñas o niños cuyas madres tienen menos de 14 años. Y el covid-19, la violencia, el hacinamiento, menos acceso a servicios y menos acceso a denuncias también ha hecho que la violencia sexual se incremente”, subraya.
“Epidemia” de embarazos forzados
Montenegro sostiene que los embarazos forzados se han convertido en una “epidemia” tal y como refleja el “incremento desmedido” que ha habido en los 14 años que OSAR lleva realizando estos monitoreos en el país.
Solo entre 2015 y 2019, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes aumentaron de 103 mil 937 a 114 mil 858, según datos recopilados por la organización.
Estos embarazos, explica Ros Silvestre, se registran “tanto en niñas que viven en áreas urbanas como en las áreas rurales”. “Esto es porque hay patrones culturales, sociales, religiosos y económicos que hacen que se perpetúe la violencia hacia ellas”, agrega.
Ambos especialistas coinciden en que, pese a avances legislativos y normativos, los problemas se centran en el nulo acceso a la Justicia y a la educación sexual integral.
“Aún es un tabú hablar sobre la sexualidad con los niños, las niñas y las adolescentes. Hay comunidades en donde es considerado pecado hablar sobre sexualidad, entonces no conocen su cuerpo, cómo funciona y tampoco tienen herramientas para reconocer si alguien está vulnerando sus derechos”, dice el representante de Planned Parenthood Global.
Además, “los servicios integrales de salud sexual y reproductiva están ausentes sobre todo en el área rural. Estas barreras de acceso a la educación y a la salud forman un caldo de cultivo peligrosísimo para la violencia contra las mujeres y las niñas y limitan su posibilidad de acceder a una reparación digna”, agrega.
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Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las niñas y mujeres son aún más vulnerables a la violencia sexual cuando los espacios en los que viven están controlados y disputados por las pandillas y el narcotráfico.
Con respecto al acceso a la Justicia, la directora de OSAR asegura que solo el 2 % de los casos llegan a una sentencia: “Y no es que todo sea condenatorio, muchas veces los dejan en libertad”. Con el otro 98 % “es como si no pasara nada. No cambia la vida de la niña, no hay un proceso de investigación”, añade.
El caso de Fátima
La normalización de la violencia y los obstáculos antes expuestos han impedido que supervivientes como Fátima, violada por un profesor cercano a su familia cuando tenía 12 años y obligada a tener al bebé, puedan conseguir justicia y acceder a un aborto para no convertirse en madres cuando aún son niñas.
“Ha sido un proceso muy difícil porque el sistema de justicia está muy sucio. Desde que puse la denuncia siempre tuve una respuesta negativa porque ¿cómo una niña iba a denunciar a su profesor? Todo surge de la desconfianza que se le tiene a la palabra de una niña porque es niña”, explica a Efe Fátima.
La joven, que gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales ha logrado rehacer su vida, vivió en carne propia la discriminación que existe hacia las menores que quedan embarazadas, pese a ser víctimas de violencia sexual.
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“Cuando utilicé el servicio público de salud (los médicos) me hicieron comentarios que atentaban contra mi integridad. En el sistema educativo también sufrí bullying. Yo no podía estudiar porque no estaba casada y porque iba a ser madre”, recuerda.
Rememora que, además, dentro de la Fiscalía se perdía la evidencia que llevaban sus abogadas y que la información se filtraba para favorecer al agresor, que nunca fue detenido.
“Fue un proceso que marcó mi vida porque a una corta edad tuve que ser madre y no lo pedí. Me costó mucho comprender que (el bebé) era parte de mí, a pesar de que no lo quise desde un inicio. No me gustaría que más niñas pasen por esto y por eso he decidido alzar la voz”, afirma.
Su caso, que es el de miles de niñas que son abusadas y quedan embarazadas cada año en la región, ha llevado a Guatemala ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Los sueños se rompen
Los embarazos forzados “rompen los sueños” de las niñas y adolescentes y muchas veces hasta sus vidas, remarca Fátima.
“Muchas de estas niñas y adolescentes que quedan embarazadas toman la decisión de suicidarse, pero no es una decisión individual, es colectiva porque implica ir cerrándoles la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos de vida”, confirma Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flacso Guatemala, que lideró un estudio denominado “Vidas silenciadas”.
Entre los hallazgos más importantes del informe se encuentra el “continuum de violencia” que sufren las mujeres a lo largo de su vida. “La mayoría de ellas vivió violencia con las parejas con las que estuvieron involucradas o con familiares cercanos. Las violan desde los cuñados hasta los padrastros”, dice Ramazzini.
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No obstante, la ausencia de datos concretos sobre los suicidios de embarazadas ha impedido que se conozca el panorama real. “La última información que tuvimos del Ministerio de Salud es que entre 2020 y 2021 hubo 14 casos de muerte materna por suicidio, la misma cantidad de casos que nosotras documentamos en una década, entre 2009 y 2019. Esto sigue dándose y no podemos dejar de verlo”, agrega la investigadora.
Según el estudio, los embarazos derivados de la violencia sexual provocan ansiedad, desesperación, y la sensación de estar “encerradas sin salida”, ante la imposibilidad de poder acceder al aborto.
En Guatemala, la ley permite una interrupción del embarazo por razones terapéuticas, para evitar un riesgo a la vida de la mujer. A pesar de eso, las niñas siguen arriesgando sus vidas con embarazos forzados, sin una respuesta adecuada del Estado.
Un futuro de resistencia
Montenegro cree que la situación no va a cambiar en los próximos años ya que, asegura, “los antiderechos han encontrado tierra fértil” en Guatemala.
Un ejemplo de ello, dice, es su reciente declaración como “Capital Iberoamericana Provida” dentro de un congreso cristiano en el que participó el presidente Alejandro Giammattei, y la aprobación de una polémica ley denominada “Para la Protección de la Vida y la Familia”, que días después fue archivada por el Congreso. La normativa buscaba combatir el aborto y prohibir el matrimonio igualitario.
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Pero, aunque ya está archivada, José Ros cree que la sociedad civil “tendrá que mantener la atención y la vigilancia para evitar cualquier retroceso o intento de reactivar” la iniciativa.
“Ahora lo que nos toca es resistir. No habrá avances, pero tampoco retrocesos. Tenemos que seguir con los marcos legales que tenemos y siempre señalando el tema de la prevención de la violencia y de las situaciones que viven las niñas que ponen en riesgo su vida”, concluye Montenegro.
