Para los pacientes, el cierre de la unidad significaría dejar de recibir el tratamiento para reducir el nivel de contagio. Además, las mujeres embarazadas podrían dar a luz a niños positivos, a razón de unos 30 cada año, según los cálculos del director de la clínica, Eduardo Arathoon, lo que incluso significaría la muerte.
Desde el 2004, la clínica funcionó con ayuda del Fondo Global para la Lucha contra el VIH, pero en 2016 Guatemala firmó un compromiso para que el Gobierno se hiciera cargo de la entidad y fue entonces cuando comenzaron los problemas, según Arathoon.
El contrato para 11 trabajadores nunca se materializó, por lo que no recibieron pago de enero a septiembre del 2016 —la deuda es de Q300 mil—, y para este año se pidió que nadie trabaje sin que haya un contrato firmado, lo que ocurre hasta marzo, según el médico, por lo que durante enero y febrero el 99% de sus 120 colaboradores no podrá laborar.
Un paciente de 46 años, quien lleva 20 de ser atendido en la clínica, aseguró que ese es su hogar, pues no se le discrimina y se le atiende con dignidad.
Otra de las beneficiarias, de 38 años, dijo que debido a esta situación se arriesgan vidas. “No es fácil vivir con VIH. En el San Juan de Dios no me quisieron operar por ser positiva; solo en esta clínica encontré ayuda”, relató.
Niega obligación
El director del Hospital General San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda, explicó a Prensa Libre que los contratos para el personal de la clínica Luis Ángel García están garantizados este año, pero no el pago atrasado.
“Querían que yo me hiciera responsable del pago, pero yo no soy responsable de lo actuado antes de mi llegada”, indicó.
Villeda afirmó que la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, está enterada de la situación.
