El estudio señala que esa situación confronta a los pueblos a eventuales desastres humanos y ambientales, principalmente en el llamado “Corredor Seco Centroamericano”, que abarca a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Estos países, precisa el estudio, tienen 1.9 millones de pequeños productores de granos básicos, lo cual amenaza seriamente la seguridad alimentaria de sus poblaciones y de la región.
El informe señala que hay planes en Nicaragua y Guatemala de construcción de canales “que si bien existen fuertes dudas sobre su factibilidad de implementación, en algunas ocasiones solo el hecho de existir la propuesta, puede desatar procesos de especulación de tierras”, destacó el informe.
El gobierno de Nicaragua otorgó a la firma china HKDN los derechos para construir por un costo estimado de 40 mil millones de dólares (Q 320 mil millones) y administrar durante un siglo un canal interoceánico, un polémico proyecto que sectores ambientalistas rechazan por considerar que causará daños graves en el Lago Cocibolca y en otras extensas áreas de ecosistemas.
En Guatemala, el gobierno declaró en 2013 “de interés nacional” un proyecto multimillonario que existe desde hace 10 años -aún no adjudicado- para construir un “canal seco” que una el Pacífico con el Caribe por una carretera de cuatro carriles de 371 kilómetros, con un oleoducto y vías ferroviarias.
Además, el informe cita como ejemplo de “fuertes implicaciones” en los recursos naturales la construcción en El Salvador de la carretera Longitudinal del Norte, de más de 100 kilómetros, que atraviesa todo el territorio.
El estudio consigna que, en cuanto a minería, en las últimas dos décadas en Centroamérica se ha desarrollado una “nueva capacidad de extracción a gran escala nunca antes vista”, lo que provoca, entre otros, “deforestación, erosión, sedimentación de suelos, deterioro en la calidad y cantidad de agua”.
“Los efectos del cambio climático podrán agravarse como consecuencia de una serie de magaproyectos puestos en marcha por gobiernos en el pasado, pero que hoy representan desafíos enormes para los líderes que están intentando implementar un desarrollo sostenible en la región”, advierte el director adjunto de Prisma, Nelson Cuéllar.
La investigación establece la necesidad de crear políticas, leyes y normativas que, según Cuéllar, aseguren “la promoción del desarrollo, la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y que garanticen mejores condiciones de vida para la población”.
