El acuerdo obligaba a la junta liquidadora a entregar un informe para explicar el avance, además de crear la Unidad Administrativa de la Disolución y Liquidación de Fonapaz y su Unidad de Proyectos en Ejecución.
Karen Molina Rodríguez, coordinadora de esa unidad, explicó que no recibió informe de lo entregado a la cartera y que desconoce el contenido de las cajas en las que están almacenados los expedientes, pues desde junio están ordenando, según la numeración encontrada.
Las autoridades solicitaron también a la Procuraduría General de la Nación un análisis del acuerdo para determinar si pueden involucrar a otras entidades y finiquitar las obras.
Los proyectos
En una de las computadoras entregadas como parte del equipo de Fonapaz fue hallada una base de datos de proyectos en ejecución, entre ellos de infraestructura y de agua y saneamiento.
La información indica que unas 10 mil 900 obras estaban en desarrollo cuando fue cerrado el Fondo, en el 2013, y ahora están suspendidas.
“Somos una unidad administrativa y no ejecutora. Estamos en la imposibilidad de ejecutar los proyectos”, explicó Molina Rodríguez, quien añadió que desconocen si la información en la base de datos coincide con lo que tienen en forma física.
La deuda
Los nuevos administradores de Fonapaz desconocen a cuánto asciende la deuda de las obras físicas, aunque existe un dato del pendiente administrativo que asciende a Q259 mil 437, por falta de pago de servicios básicos. Otro saldo es la deuda de proyectos, que cuando comenzó la liquidación era de Q780 millones.
Otro problema es que no pueden utilizar el fideicomiso porque debe ser modificada la escritura pública y este vencerá en diciembre.
Municipalidades se han acercado a pedir que les trasladen proyectos y concluirlos, pues hay obras acumuladas desde la creación de Fonapaz, mientras que extrabajadores y arrendatarios demandan sus pagos.
Alerta
Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, indicó que le enviará al presidente Jimmy Morales una alerta para que tomen acciones, pues el riesgo es que las obras tengan avance físico y financiero y estén detenidas por más tiempo.
“El Ministerio no sabe qué tiene, porque les fueron a tirar los expedientes. No hay recurso humano ni financiero para seguir el proceso; no hay información”, dijo Mencos.
El contralor cree que una solución sería dividir los expedientes por municipio y luego hacer una evaluación local, para determinar en qué etapa se encuentran y rendir un informe con el proceso por seguir.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opina que el cierre de Fonapaz se convirtió en un negocio con los proyectos que quedaron pendientes y nunca hubo intención de terminar con la corrupción en esa entidad. “Se detuvo los nuevos y se continuó negociando los que ya estaban. En el gobierno en que se hizo todo eso la política era la corrupción. Veo como algo que es resultado intencional”, añadió.
