Según el director de la Unidad de Vivienda Popular (Udevipo), Édgar Javier, casos de desalojo como el de las 80 familias que no estaban en terrenos gubernamentales en el asentamiento El Mirador Bárcenas, Villa Nueva, tienen aún menos esperanzas.
Aunque fueran terrenos públicos, añade, según la ley, “no se pueden regularizar asentamientos que hayan sido invadidos después del 31 de diciembre del 2007”.
Hay una iniciativa que pretende volver a facultar a Udevipo para legalizar asentamientos, y esa es la única opción, dice Javier, aunque añade que otro mecanismo es por decreto, que puede ser refrendado, por ejemplo, por un Estado de Calamidad.
Tampoco hay soluciones inmediatas temporales. “El uso de albergues es en casos excepcionales”, comentó César Díaz, de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, quien ayer acompañó el desalojo ocurrido en Villa Nueva.
Caso dramático
El lote 65 era la dirección de la “casa” de Josefina Lorenzo: cuatro láminas enmohecidas, una cama imperial con un colchón dañado que comparten ella y sus hijos Zuarly, de 7 años, y Karen, 11, quien no puede hablar, usa pañales y sufre convulsiones que aumentaron la última semana por falta de medicamentos.
Los Q50 diarios que su esposo gana como guardia no pagan un alquiler, dice Lorenzo, mientras aguarda el momento de su expulsión.