Gobierno prorroga por 30 días el estado de Calamidad en departamentos afectados por Eta

El Ejecutivo afirma que se debe continuar con las medidas necesarias para reducir los daños por Eta.

El paso de Eta dejó destrucción en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El paso de Eta dejó destrucción en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ejecutivo prorroga por 30 días el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública contenido en el decreto gubernativo 20-2020 del 5 de noviembre de 2020, aprobado por el decreto 30-2020 del Congreso, en Chiquimula, Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Petén.

En la publicación del decreto 22-2020 en el diario de Centro América este martes 1 de diciembre, también se explica que se prorroga por 30 el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública contenido en el decreto 21-2020 y aprobado también por el decreto 30-2020 para incluir a Huehuetenango.

El gobierno justifica que la prórroga de los estados de Calamidad se decreta considerando que a la fecha los efectos y consecuencias provocadas por la depresión tropical “Eta” aún persisten; y, que la vida y salud de las personas es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar.

En ese sentido, es esencial que se continúen con las medidas necesarias para reducir los daños ocasionados por Eta.

También se convoca al Congreso de la República para que, dentro del término de tres días, conozca y ratifique, modifique o impruebe este decreto gubernativo.

Afirma que oportunamente se presentará a dicho Organismo del Estado, informe circunstanciado y medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del decreto 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden Público.

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El decreto  ordena a la Academia de Lenguas Mayas realizar de forma inmediata la traducción del presente decreto gubernativo en idiomas correspondientes a las comunidades lingüísticas de los departamentos a los que se prorroga el Estado de Calamidad Pública, para que se comunique y publicite en los territorios afectados, bajo la responsabilidad de las autoridades competentes, departamentales, municipales y comunitarias.